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@arpassv
Hay dos temas claves que concentran actualmente la disputa entre la continuidad de la lógica neoliberal y el carácter público de las políticas estatales: ley de agua y reforma al sistema de pensiones.
Del resultado de estas dos batallas estratégicas dependerá si el país profundiza la privatización, el mercantilismo y el desprecio por los derechos humanos; o si -por el contrario- toma fuerza la agenda anti-neoliberal, pública, ciudadana y pro-derechos. Eso es lo que está en juego, nada menos.
Sobre la ley de agua, la disputa está en la integración del ente rector de las políticas hídricas. La derecha -sobre todo la oligárquica ARENA- puja por que esté controlada por la ANEP, con el fin de privatizar el vital líquido; mientras que el gobierno, el FMLN y las organizaciones populares exigen que sea una instancia totalmente pública.
Esta segunda posición, la naturaleza pública, también es respaldada la Universidad Centroamericana (UCA) y la Iglesia Católica, que tienen un rol muy activo y propositivo en el debate parlamentario y en la discusión publica.
La semana pasada, la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático acordó que será una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Medioambiente; pero dejó pendiente definir el punto clave: quiénes integrarán el directorio.
Y en relación a la reforma de pensiones, la derecha está unánime defendiendo el sistema privado y pujando por una reforma que incremente o -al menos- mantenga el negocio de las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP). Esta propuesta no resuelve el problema de la deuda previsional y no garantiza pensiones dignas y vitalicias para los jubilados.
Por eso, las organizaciones sociales y sindicales plantean un sistema totalmente público administrado por el Estado y que elimine las AFP.
En este tema, el gobierno asume una postura intermedia y propone un sistema de reparto mixto, que mantenga a las AFP y provea fondos públicos para empezar a saldar la deuda que supera los 4,000 millones de dólares.
En ambos temas, la derecha tiene correlación parlamentaria. Sin embargo, la presión de todos los sectores progresistas y democráticos podría inclinar la balanza hacia legislaciones que favorezcan a la población y no a los mezquinos intereses privatizadores de las grandes empresas.
Este jueves decenas de sindicatos y organizaciones sociales marcharán contra las AFP y por una sistema previsional público; y para la siguiente semana se perfilan acciones de hecho en favor de una ley de agua que establezca un ente rector público.
Ojalá que toda la población decente, honrada y trabajadora se sume a estas luchas estratégicas del pueblo.
