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El magistrado de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Belarmino Jaime, admitió que empresas de su grupo familiar han sido investigadas por supuestos ilícitos, que fue develada por la presidenta del congreso, Lorena Peña, de que las compañías han evadido el pago de impuestos al Estado.
El funcionario reconoció que la empresa Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones S.A. de C.V., (GCA TELECOM S.A. DE C.V.), de la que su grupo familiar controla el 89 por ciento de las acciones, fue investigada por la Fiscalía por “cuatro casos vinculados, unos, con el medio ambiente, otro, con daños y, otro, con usurpación”.
“Todos los cuales después de las investigaciones iniciales (de la Fiscalía) fueron archivados por no existir delitos que perseguir o por no haberse establecido responsabilidad penal alguna en las denuncias presentadas”, reveló Jaime, en una misiva enviada al Ministerio Público, con fecha 2 de septiembre, para que investigue una supuesta “persecución” en su contra, y de la cual Diario Co Latino tiene copia.
GCA TELECOM habría evadido $ 2 millones
“En ese contexto de persecución, en el año 2014, salió del Ministerio de Hacienda una publicación que circuló de manera restringida – y que llegó a mis manos de forma anónima -, donde se acusaba a mi grupo familiar y a mi persona, de evadir impuestos por más de dos millones de dólares a través de la sociedad mercantil Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones S.A. de C.V., de la cual mi familia es titular del 89 por ciento de las acciones y de la cual fui accionista”, dice el documento elaborado por Jaime.
“En esa publicación – agregó Jaime -, se revelaba información que obra en posesión de la Dirección General de Impuestos Internos, que de acuerdo con la Ley, tiene calidad de Reservada, y debe ser usada únicamente para efecto de control, recaudación, determinación, emisión de traslados, devolución y administración de los tributos”, subrayó.
La denuncia de Peña
Peña reveló el viernes pasado que “en la Fiscalía hay una demanda contra una empresa de la familia y el mismo señor Belarmino Jaime por evasión de impuestos, utilizando una empresa fantasma para evadir costos”.
“El Ministerio de Hacienda ya envío todos esos papeles a la Fiscalía, porque la Unidad Penal considera que el evadir impuestos con empresas ficticias, ya se cae en (los ilícitos de) Falsedad Material o Ideológica”, advirtió.
“Creí que (el Fiscal General, Douglas Meléndez) iba a salir corriendo a tomarle fotos a los papeles, pero no lo hizo…”, se quejó de manera irónica la parlamentaria al cuestionar el accionar del Ministerio Público en este caso.
La acusación por evasión fiscal contra la empresa del grupo familiar del presidente de la Sala de lo Constitucional, “es una noticia que, para mí, merece ser investigada. Cuál va a ser la respuesta que va a dar el señor Fiscal”, preguntó Peña.
“Pero ojalá (que el Fiscal General) nos informe con detalle, qué documentos presentaron, cuáles son esas empresas”, porque “la ciudadanía merece estar informada…”, dijo la diputada por el FMLN.
¿Acoso Fiscal?
El Magistrado Jaime, en el escrito presentado el viernes anterior a la Fiscalía, denunció que la empresa de telecomunicaciones de su grupo familiar “está siendo acosada fiscalmente por medio de Auditores de Impuestos Internos, investigando si existe o no evasión sobre el impuesto de los $ 0.04 por minuto de llamadas al extranjero entrantes a El Salvador”.
“Impuestos que – recordó Jaime -, por Sentencia pronunciada por la Sala de lo Constitucional… fue declarado inconstitucional, aclarando que el suscrito se abstuvo del conocimiento de dicho proceso”.
“Con esa investigación lo único que se pretende es que el contribuyente pague un impuesto que ya ha sido declarado inconstitucional. Por eso sostengo que es un claro caso de acoso fiscal”, reiteró el ex presidente de la Sala de lo Constitucional.
Al respecto, Jaime aceptó que en el escrito que circuló en 2014 se hablaba de que su grupo familiar podría ser “objeto de posible aplicación de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y de la Ley de Extinción de Dominio y de la Administración del Bien de Origen o Destinación Ilícita”.
Jaime recordó en el escrito presentado a la Fiscalía que pidió en 2014 al Ministerio Público que investigara “un aviso del posible cometimiento de delito… ya que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito, sin embargo, esta denuncia cayó en saco roto”.
En su misiva a la Fiscalía, el presidente de la Sala de lo Constitucional ha pedido investigar a “personas, funcionarios y empleados públicos” que divulgaron la “Información Reservada que obra en la Dirección General de Impuestos Internos con el propósito de armar ilícitos penales inexistentes”.
