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La Paz/Prensa Latina
Los bolivianos acogieron con satisfacción la decisión del Juzgado Anticorrupción Primero y de Violencia hacia la Mujer de ampliar por un trimestre más la detención preventiva de la expresidenta de facto Jeanine Áñez.
“Se acepta la solicitud de ampliación a la detención preventiva, presentada por el Ministerio Público”, indica la resolución, que fija esa prolongación por el término de tres meses.
Esta acción legal incluye junto a la exgobernante de facto a otros imputados en el expediente penal Golpe de Estado I.
Son ellos Flavio Gustavo Arce, Álvaro Coímbra, Álvaro Rodrigo Guzmán y Jorge Pastor Mendieta, precisa el documento.
Los jueces rechazaron la petición de cese de la detención preventiva de Áñez y de los otros imputados en este caso, lo cual fue solicitado por la defensa legal.
En Golpe de Estado I Áñez está imputada por las masacres de Senkata, en El Alto, y de Sacaba, en Cochabamba, con saldo de cerca de 40 muertes, cientos de heridos y miles de encarcelados y torturados.
El 17 de enero tres fiscales comunicaron al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la urbe alteña que el Ministerio Publico decidió ampliar el proceso penal en contra de Áñez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculadas a la masacre de Senkata, el 19 de noviembre de 2019.
Sobre esta base, el Comité Impulsor de la Justicia anunció que acusará a los integrantes del gabinete ministerial, quienes con la rúbrica del Decreto Supremo 4078 exoneraron de responsabilidad penal a policías y militares por los excesos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento de la democracia.
Áñez cumple una sentencia en primera instancia de 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II, juicio que analizó la vía inconstitucional que utilizó para colocarse a la cabeza del Senado y posteriormente del Estado.
Como parte del expediente Golpe de Estado I, las autoridades también investigan al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aprehendido y encarcelado preventivamente desde el 30 de diciembre de 2022 en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz.
En esta causa Camacho figura imputado por presunto terrorismo como principal promotor del complot que forzó la renuncia del presidente Evo Morales y originó los crímenes posteriores.
