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@arpassv
Ayer fue cobardemente asesinada Berta Cáceres, sildenafil Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), reconocida defensora de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y del medioambiente.
Sujetos armados irrumpieron en su casa de habitación en La Esperanza, Intibucá, en el sur de Honduras, el país donde más ambientalistas y activistas de derechos humanos han sido asesinados en los últimos siete años tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.
“Bertita” (como la llamaban cariñosamente) nació, creció y murió luchando por la vida. Desde pequeña entendió el sentido de la justicia social y aún adolescente se enroló en las luchas del pueblo hondureño, especialmente de las comunidades indígenas. Por eso, muy joven, fundó el COPINH para librar desde ahí las batallas de la resistencia lenca contra las empresas mineras, hidroeléctricas y sus compinches gubernamentales.
Su última batalla había sido contra la mayor transnacional hidroeléctrica del mundo y una financiera del Banco Mundial que querían profanar un río sagrado de los lencas construyendo una represa. Ésta y otras luchas le valieron el premio medioambiental Goldman, máximo reconocimiento mundial para activistas del medioambiente.
Por tanto, es probable que detrás de su asesinato estén las transnacionales y sus cómplices estatales. El Estado hondureño es, además, el responsable directo del crimen porque no cumplió las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni investigó las persecuciones , intimidaciones y amenazas motivadas por su lucha social con los pueblos indígenas.
El cruel asesinato de Bertita no debe quedar impune y su memoria debe inspirar nuevas batallas por los derechos humanos, el medioambiente y la vida.
En El Salvador también hay ambientalistas asesinados: Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, opositores a los proyectos mineros de Pacific Rim, fueron masacrados en junio y diciembre de 2009. Por el asesinato de Marcelo fueron condenados algunos autores materiales, pero los responsables intelectuales en ambos casos están impunes.
Organizaciones comunitarias de Cabañas exigieron investigar como posible autor intelectual al llamado “descuartizador” Rodrigo Chávez Palacios, vicepresidente de la minera canadiense cuando fueron acribillados los ambientalistas. Sin embargo, el entonces fiscal general Luis Martínez no sólo no investigó a Chávez Palacios sino que lo favoreció con una cambio de delito que bajó su condena de 30 a 11 años de cárcel.
¡Bertita y los ambientalistas de Cabañas viven! Por ellos, la lucha por la vida debe seguir.
