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El pasado miércoles 15 de septiembre se conmemoró en Centroamérica, menos en El Salvador, el bicentenario de la independencia de la corona española, que llevó primero a las cinco provincias originarias: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador primero a plantearse una sola patria, es decir una República Centroamericana, o las repúblicas independientes tal como existen.
Pero El Salvador no celebró o conmemoró los 200 años de independencia, sino que le sirvió de excusa, brillante y oportunamente aprovechada por el pueblo, para pronunciarse masivamente contra el autoritarismo del presidente Nayib Bukele.
El pueblo salió a las calles para exigir el respeto de la institucionalidad y el Estado de Derecho. El pueblo salió a la calle para exigir la independencia de los tres Órganos del Estado Salvadoreño, que en tanto República está basada en esos tres órganos producto de la modernidad, tras la revolución francesa.
Es decir, no se trata de la amenaza de una nueva colonia, más allá que fácticamente las grandes potencias quieren dominar a los países pequeños o subdesarrollados, como Estados Unidos ha estado detrás de todos los gobiernos de turno, incluso el de Bukele, quien atendió órdenes del anterior presidente Donald Trump, y a cambio solo recibió 400 o 600 ventiladores mecánicos para atender a la y los enfermos graves por el nuevo coronavirus.
Pero, no, hoy la independencia que reclamaron los protestantes, masivamente, el 15 de septiembre es por la independencia de poderes, que haya controles y vigilancia entre órganos. Esto es lo que Bukele tiene secuestrado, cuando, al tener el control absoluta de la Asamblea Legislativa dio un zarpazo al Órgano Judicial al destituir, ilegalmente, a los legítimos magistrados de la sala de lo Constitucional e impuso a los suyos, para que actúen obedientemente a sus decisiones, a sus caprichos.
Esa Asamblea Legislativa destituyó, sin seguir el debido proceso, al anterior fiscal general de la República e impuso al suyo, su fiscal de confianza, y así lo dejó claro el mismo Bukele en una cadena de radio y televisión.
Desde el uno de mayo anterior, el presidente Bukele maneja los hilos de los tres Órganos del Estado y a la Fiscalía General de la República, por eso es que este fiscal ha iniciado la persecución política, y a partir de este accionar El Salvador ya cuenta con presos políticos, cuatro de izquierda y uno de derecha, mientras ha ordenado la captura de otros.
El pueblo ya se está dando cuenta que las pretensiones del presidente Bukele no tienen nada que ver con el servicio al pueblo, ni mucho menos en consolidar la democracia. Al contrario, busca instaurar un régimen autoritario, por eso se ha hecho del poder total, y ha comenzado a cercenar las instituciones con despidos o con cárcel.
Recientemente, la impuesta Sala de lo Constitucional ha avalado que Bukele puede participar en las próximas elecciones presidenciales, a pesar de que la Constitución no lo permite. Y es que Bukele no quiere tener todo el poder para los restantes 2 años y medios que le queda, sino para más, y por eso quiere su reelección.
Lo anterior no lo puede lograr si tiene parches en el sistema judicial, por eso es que ilegalmente promovió la depuración de un tercio de los jueces y magistrados de cámara, y lo ha justificado públicamente acusándolos de corrupción, sin que haya un tan solo proceso legal para investigarlos y destituirlos al comprobárseles la corrupción en mención.
Bukele, con el poder total, impuso una moneda virtual que nadie sabe usar y que nadie entiende. Lo que sí entendió una buena parte de la población es que el bitcoin es el negocio del siglo del presidente Bukele y su clan familiar.
Por todo lo anterior, además del discurso de odio y el enfrentamiento permanente contra los que considera “sus enemigos políticos”, que son todos las voces disonantes de diversos sectores de la sociedad contra las ocurrencias del presidente que el 15 de septiembre logró unirlas en una sola consigna: la lucha contra el autoritarismo y la defensa del Estado de Derecho.
