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Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Quienes no comen tortillas lo ignoran, son más pequeñas, mas delgadas y más caras. Los datos revelan que en julio y agosto los precios que proporcionalmente crecieron más, son los precios de los frijoles y las tortillas.
La inmensa mayoría de salvadoreños comemos tortillas y frijoles, arroz y huevos, y es en los segmentos populares y de más bajo ingreso donde el desempleo y los bajos salarios abundan, por lo que solo queda el recurso de comprar menos y disminuir lo que se come.
Mientras esto ocurre en la economía real de la mayor parte de las y los salvadoreños, hemos llegado ya al segundo aniversario de establecido la criptomoneda llamada BITCOIN, como moneda de curso legal; la ley indica que todos los establecimientos comerciales están obligados a recibir pago en bitcoin cosa que sabemos no ocurre, aunque esté vigente la amenaza de la sanción para quienes se nieguen a recibir pagos en bitcoin.
Aunque se quiera imponer el uso masivo de una criptomoneda, la mayoría carece de ahorros que usar para apostar, jugar a la lotería o invertir en especulación financiera, que es lo que hacen quienes esperaban hacerse ricos invirtiendo en bitcoin.
El gobierno sí ha invertido los fondos públicos en bitcoin, cientos de millones de dólares y, con ello, por ahora, después de dos años, solo ha perdido, pues la susodicha criptomoneda sólo ha ido para abajo.
Si compró a más de cincuenta mil dólares por un bitcoin, ahora eso tiene un valor de unos 27 mil, es decir, pierde prácticamente la mitad del valor.
Se supone que no los ha reconvertido para devolver al fondo general de la nación parte de lo que gastó. Queda suponer que ese dinero está guardado, para beneficio de algunos, pues en ese mundo de las finanzas alguien gana cuando la mayoría pierde.
Sale del bolsillo de la gente los fondos que el gobierno invierte en bitcoin para perder, también salieron del bolsillo de la gente mediante tributos que pagamos todos. La gente paga tributos y compra m{as caras las tortillas y come menos.
Para gastar en bitcoin ha habido dinero, para nivelar el salario de los docentes todavía no; para gastar en remodelaciones que permitan realizar un certamen de belleza mundial se debe sacrificar fondos, pero, para las medicinas en los hospitales y para el salario de los trabajadores de salud, hace falta.
Tampoco hay para apoyar a los agricultores que siembran maíz y frijol, lo que comemos la mayoría, y eso a pesar que desde Naciones Unidas se anunció la crisis alimentaria que vendría con la sequía, y que los agricultores organizados clamaron por apoyo ante la pérdida de cosechas.
Ante la falta de información pública, es difícil saber lo que ha costado a nuestro pueblo la fracasada política financiera de comprar bitcoin, pero es evidente que se ha derrochado los fondos para crear y mantener un sistema de criptomoneda, gastando en billeteras, en la chivo walet, en sistemas de conversión y para todo lo que implique mantener vivo el negocio financiero especulativo de esa criptomoneda, para eso sí ha habido y hay.
Los supuestos beneficios que ofrecieron son inexistentes.
Sin duda, algunos se habrán beneficiado con esa imposición impopular aprobada hace dos años; pero, para la mayoría, sólo ha traído pérdidas. En el presente, porque se resta fondos que pudieran servir en la medida que ayuden a producir lo que comemos las mayorías; y, en el futuro, porque el crecimiento de la deuda pública, que genera estas decisiones, la pagaremos y la pagarán las presentes y futuras generaciones.
El precio del bitcoin, que con tanta fanfarronería se presentó hace dos años, viene perdiendo y está perdiendo valor, su precio se fue abajo; pero para el pueblo la falta de inversión pública, de políticas al sector agrícola, representa menos producción y más altos precios, significa que los precios de los alimentos de mayor consumo se elevan, se van arriba.
Es el pueblo el que paga las consecuencias comiendo menos tortillas, menos frijoles. Esto se vive y se ve aquí, pero algunos lo ven desde lejos, como lo afirman organismos internacionales que afirman, entre otras cosas, que somos el país que más bajo tiene la cobertura del alimento escolar y el que menos invierte por estudiante.
