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Redacción Nacionales
Diario Co Latino
El Gobierno de Nayib Bukele cedió ante las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el bitcoin ya no sea más moneda de curso legal en El Salvador. Los salvadoreños y las empresas privadas quedarán a discreción utilizarlo.
Esto se dio la noche de este miércoles, casi al finalizar la plenaria. Vía modificación de agenda y con dispensa de trámite, la Asamblea reformó la Ley Bitcoin, aprobada en 5 horas en junio de 2021. El FMI, desde hace casi 2 años, le ha puesto como condición “mitigar los riesgos del bitcoin”, para que el Gobierno salvadoreño pueda recibir del FMI un préstamo por $1,400 millones.
Fueron 6 reformas a la Ley de Bitcoin y derogaron tres de los 16 contemplados en la Ley. A partir de ahora, el bitcoin ya no será considerado como moneda de curso legal. Su aceptación será voluntaria y no obligatoria. En el pleno no hubo discusión del oficialismo y tampoco el mismo presidente Bukele no ha reaccionado al respecto.
Entre los artículos derogados está el 4, donde se señala que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en bitcoin.
El cambio más significativo fue en el artículo 7 donde se señalaba que “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”. Ahora, queda. “únicamente las personas naturales o jurídicas con total participación privada podrán aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio o para el pago de cualquier obligación monetaria”.
Es de contextualizar que toda la información relacionada con el bitcoin fue declarada bajo reserva desde que se implementó. Lo único que se sabía de bitcoins era por el presidente de la República, Nayib Bukele cuando se publicaba que el Estado había comprado bitcoins.
En el apogeo público por la implementación del bitcoin, también se revelaron presuntos actos de corrupción, como la duplicidad o falsificación de usuarios para cobrar los $30 que prometió el Gobierno como bono. Tampoco se rindió cuentas de cómo se utilizaron los fondos estatales para su implementación y la conversión.
Lo cierto, es que la población salvadoreña olvidó este tema, siendo un fracaso del Gobierno. Ahora, lo admite al reformar la ley a petición del FMI.
