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Se trata del documento que recoge las afectaciones a la isla provocadas por el cerco económico, financiero y comercial en el último año y resulta en un proyecto de resolución que la Asamblea General de Naciones Unidas discutirá en noviembre.
Será la vigésimo octava ocasión en la que el órgano más representativo de la ONU se pronuncie por la necesidad de poner fin a la política de bloqueo contra la mayor de las Antillas.
El informe subraya que el entramado de sanciones daña seriamente a Cuba, ‘pero afecta también los intereses y los derechos soberanos de terceros países, lo que constituye una violación del Derecho Internacional, los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del libre comercio’.
Señala que en el último año se recrudeció la aplicación del bloqueo, lo que incluye la decisión del gobierno de Estados Unidos de activar el Título III de la Ley Helms-Burton.
Tal medida permite acciones judiciales en tribunales en tribunales estadounidenses contra entidades que ‘trafiquen’ con propiedades nacionalizadas en Cuba en la década de 1960, lo cual ya afecta a empresas cubanas y extranjeras con inversiones y negocios en la isla. La Habana considera que esa disposición ataca la libertad de comercio y refuerza el carácter extraterritorial de las sanciones contra Cuba, además de dañar sus relaciones económicas y comerciales con la comunidad internacional.
Por ejemplo, varias de las principales empresas de cruceros del planeta están demandadas en cortes de Estados Unidos bajo el amparo del Título III de la Helms-Burton.
Ello incluye a la Carnival Corp., Royal Caribbean, Norwegian Cruise y MSC Cruises.
Cuba esperaba recibir este año a un millón de cruceristas, pero en mayo el presidente Donald Trump prohibió esos viajes a las empresas y ciudadanos de Estados Unidos.
Como escudo frente a la Helms-Burton, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en diciembre de 1996 la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía.
Esa legislación declara ilícita la mencionada normativa estadounidense y sin valor ni efecto jurídico alguno en el territorio nacional cubano.
La promulgación de la Helms-Burton condujo a la aprobación de ‘legislaciones antídotos’ diseñadas por terceros como México, Canadá y la Unión Europea, a fin de protegerse ante las afectaciones causadas por la ejecución de la ley estadounidense.
La Unión Europea aprobó un ‘Estatuto de Bloqueo’ que prohíbe la ejecución dentro de su territorio de sentencias judiciales de Estados Unidos relacionadas con el Título III de la Ley Helms-Burton.
El gobierno canadiense enmendó la Ley Contra Medidas Extraterritoriales Extranjeras, la cual establece que ‘cualquier sentencia emitida de conformidad con la legislación estadounidense no será reconocida ni ejecutable de ninguna manera en Canadá’.
Por su parte, México cuenta con la Ley de Protección al Comercio
y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.
Desde abril de 2018 hasta marzo de 2019 Cuba contabiliza pérdidas como consecuencia del bloqueo estadounidense por cuatro mil 343,6 millones de dólares.
Los daños acumulados en casi seis décadas ascienden a 922 mil 630 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación de la divisa de Estados Unidos frente al valor del oro en el mercado internacional.
Cuba considera genocida la política de bloqueo ejecutada por Washington.
