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La Habana/Prensa Latina
El bloqueo económico, comercial y financiero que impone Estados Unidos a Cuba desde hace más de seis décadas, recrudecido en los últimos años, se mantuvo como eje central de la política contra la isla durante 2022.
Sus efectos acumulativos y consecuencias provocaron una situación de desabastecimiento de alimentos y productos básicos, así como dificultades en la generación eléctrica, entre otras afectaciones que obligaron al país a realizar esfuerzos adicionales y erogar recursos para enfrentar estos problemas.
La escasez y las dificultades que genera son fenómenos que a menudo no pueden ser cuantificados, pero tienen un impacto innegable en la vida cotidiana del pueblo cubano, y constituye el principal obstáculo para el desarrollo del país, sobre todo a partir de las medidas adicionales impuestas durante el gobierno republicano de Donald Trump (2017-2021).
Tales disposiciones permanecen vigentes en su mayoría como continuación de la política de máxima presión de Washington contra la nación caribeña, a pesar de las promesas de campaña del actual mandatario demócrata Joseph Biden.
De acuerdo con el más reciente informe sobre el impacto de esas sanciones, de agosto de 2021 a febrero de 2022 las pérdidas ocasionadas se encuentran en el orden de los tres mil 806 millones de dólares, un monto récord histórico para un período reducido como ese.
Durante los 14 primeros meses de la gestión del presidente Biden, los perjuicios del cerco estadounidense contra la isla ascienden a seis mil 364 millones de dólares, lo cual significa más de 15 millones de dólares diarios en daños.
Esas disposiciones mostraron su crueldad especialmente en el contexto de la crisis multidimensional global, agudizada por la pandemia de Covid-19, y ante eventos ocurridos en Cuba como la explosión del hotel Saratoga, de La Habana, en mayo, y el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas (agosto), o el azote del huracán Ian (septiembre) al territorio occidental de la isla.
La injusta y arbitraria inclusión de Cuba en la lista unilateral del Departamento de Estado sobre supuestos países patrocinadores del terrorismo, agrava la situación, pues restringe las exportaciones, elimina la obtención de créditos de instituciones financieras internacionales y limita el otorgamiento de ayuda económica, entre otras consecuencias.
