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La Paz/AFP
Bolivia calificó de intervencionismo en asuntos internos las críticas de Estados Unidos, Chile y del secretario General de la OEA, Luis Almagro, a la decisión de un tribunal boliviano de autorizar la repostulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato.
Arropado en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional boliviano avaló la candidatura de Morales por encima de la Constitución de 2009, reformada por el mismo mandatario para reelegirse a un tercer mandato de cinco años, que empezó en 2015.
Estas manifestaciones contrarias a la postulación de Morales, en el poder desde 2006, «obedecen a la trilogía injerencista de Estados Unidos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los opositores de la derecha boliviana», dijo en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, René Martínez.
El propio Morales expresó en un acto público que las críticas del gobierno de Donald Trump, quién se dijo «profundamente preocupado» por la situación, lo impulsaron a continuar con su candidatura: «Yo no estaba tan decidido, ahora estoy decidido, voy a ser candidato el 2019, ¿qué tiene que ver Estados Unidos (con) amenazar, amedrentar?».
Morales aludió también a Chile, cuyo canciller Heraldo Muñoz recordó que un referendo popular en 2016 había rechazado previamente reformar la Constitución para favorecer la reelección del gobernante boliviano.
El primero en cuestionar la decisión fue Almagro, luego el Departamento de Estado norteamericano instó a Morales a respetar «la voz del pueblo» en alusión al referendo del año pasado.
«¡Qué coincidencia!, ahora el Departamento de Estado de Estados Unidos, amenazando, condicionando, chantajeando, cuestionando al Tribunal Constitucional, con la oligarquía chilena, y con la derecha boliviana, los tres coincidiendo», afirmó Morales, leal aliado de Venezuela y Cuba.
La nueva candidatura abrió fuertes críticas en Bolivia desde diferentes sectores, con llamados a rechazar la reelección por la vía legal y también por la fuerza.
La ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos, una de las más reputadas organizaciones civiles y de histórica línea izquierdista, señaló en un comunicado que cuando se acaba el estado de derecho, como lo que generó el fallo constitucional, «el pueblo puede ejercer el derecho a la rebelión».
