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Brasilia / AFP
El presidente Jair Bolsonaro designó el jueves a militares y a diputados de su partido (PSL) en una comisión que investiga las muertes y desapariciones durante la dictadura en Brasil (1964-1985), porque según justificó, ahora el gobierno es de «derecha».
Bolsonaro autorizó la sustitución de cuatro de los siete miembros de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos (CEMDP) del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, en una semana en la que arremetió varias veces contra la información oficial sobre los desaparecidos en el periodo militar.
«El motivo (de la decisión) es que cambió el presidente, ahora es Jair Bolsonaro, de derecha, punto final», dijo el excapitán del Ejército a periodistas, luego de que su decreto fuera publicado en el diario oficial.
El colegiado ministerial será liderado por Marco Pereira de Carvalho, abogado afiliado al Partido Social Liberal (PSL), a quien acompañarán el coronel retirado Weslei Antônio Maretti, el oficial del Ejército, Vital Lima Santos y el diputado del PSL, Filipe Barros.
El Ministerio de Derechos Humanos negó que esos cambios estuviesen relacionados con las polémicas de estos últimos días, en las que Bolsonaro cuestionó la veracidad de informes oficiales sobre crímenes cometidas por el régimen militar.
«A pesar de que (esos cambios) se realizan ahora, fueron solicitados el 28 de mayo», con el objetivo de «mejorar los trabajos» y «acelerar» los procesos para que los familiares de desaparecidos «tengan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos», sostuvo el ministerio.
La CEMDP, creada en 1995, tiene entre sus objetivos «localizar los cuerpos» e «identificar a las personas muertas o desaparecidas» o que hayan «fallecido por causas no naturales en dependencias policiales» antes de la ley de amnistía de 1979.
También emite criterios de indemnización de las familias de las víctimas.
Este colegiado trató 480 pedidos de identificación e indemnización.
Bolsonaro, que nunca escondió sus simpatías por el régimen militar, cuestionó el martes los informes de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV, un organismo oficial), cuyo informe de 2014 concluyó que la dictadura es responsable de 434 asesinatos y desapariciones y de cientos de casos de detenciones arbitrarias y torturas.
«¿Usted le cree a la Comisión de la Verdad? ¿Cuál fue la composición de la Comisión de la Verdad? ¿Fueron siete personas nombradas por quién? ¡Por Dilma Rousseff!», la expresidenta izquierdista destituida en 2016, cuestionó.
La víspera, había negado veracidad a la versión oficial sobre la desaparición de Fernando Santa Cruz, padre del actual presidente del colegio de abogados de Brasil (OAB), que según la CEMDP fue «no natural, violenta, (y) causada por el Estado brasileño».
Esa declaración causó malestar e indignación, incluso entre sus propios aliados.
