Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Brasilia/AFP
Brasil pidió el miércoles ante la OMC evitar restricciones «arbitrarias» contra sus exportaciones de carne, que podrían ocasionar hasta 1.500 millones de dólares de pérdidas a la potencia agroganadera latinoamericana.
Desde que estalló el escándalo por denuncias de adulteraciones en cortes para consumo humano, veinte mercados cerraron parcial o totalmente sus puertas o intensificaron sus controles sobre los productos cárnicos brasileños, golpeando un negocio que tiene clientes en 150 naciones y que generó más de 13.000 millones de dólares el año pasado.
«Lo que estamos sufriendo ahora es un golpe, un puñetazo en el estómago», graficó el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, en una presentación ante el Senado.
«El trabajo que tenemos por delante es recuperar, reorganizar nuestras fuerzas, viajar por el mundo y mostrar efectivamente que lo sucedido acá es que algunas personas actuaron mal y no fue la culpa de un sistema o una industria», añadió el funcionario, que también es un gran productor agropecuario.
La magnitud de la crisis llevó a Maggi a asegurar que Brasil, el mayor exportador mundial de carne bovina y aviar, deberá poner en pausa sus planes de aumentar hasta el 10% su participación en el mercado global de alimentos, en el que actualmente tiene un 7%.
«Es algo tan fuerte que cuando veo ese 7% empiezo a pensar que tendré que trabajar para mantenerlo. No consigo imaginar conseguir ese 10%. Es un shock», señaló.
En un intento por minimizar los daños, Brasil entregó en Ginebra un mensaje a sus socios en la Organización Mundial del Comercio (OMC), instándolos a evitar «medidas que constituirían restricciones arbitrarias al comercio internacional o contrarias a las disciplinas contempladas en el Acuerdo SPS de aplicación de medidas sanitarias]».
La petición fue distribuida en una reunión del Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias del organismo de 164 países.
Ventas en caída libre
El caso bautizado «Carne Débil» denunció a 21 frigoríficos por practicar delitos de corrupción, usar ácidos y cancerígenos para maquillar cortes en mal estado y adulterar etiquetas para falsear la fecha de validez. Todo con la venia de inspectores sanitarios sobornados para autorizar las ventas.
La policía afirmó que parte del dinero sirvió para financiar a dos partidos de la base aliada del presidente Michel Temer, aunque hasta ahora no hubo más detalles.
La Policía Federal detuvo a 30 personas, clausuró tres plantas y suspendió el permiso de exportar de todas las investigadas. Entre ellas, unidades de los gigantes globales JBS y BRF.
«La propia investigación policial prueba la transparencia y credibilidad de los controles (…). Nuestra mayor preocupación y nuestro mayor compromiso es garantizar la seguridad y la calidad de los productos», sostuvo el mensaje enviado a los países de la OMC.
Pero los esfuerzos no impidieron que China, Hong Kong y Chile -que juntos representaron el 40% de las exportaciones de carne roja en 2016- cerraran sus mercados. La Unión Europea (UE), Suiza, Japón, México y Sudáfrica vedaron la entrada a productos procedentes de frigoríficos bajo sospecha.
El último en sumarse a la lista fue Panamá, donde las autoridades ordenaron retirar de los supermercados los productos cárnicos importados de Brasil.
Otros países, como Estados Unidos, Corea del Sur, Argentina y Arabia Saudita -principal comprador de carne de pollo brasileña- aumentaron sus controles.
El Ministerio de Comercio Exterior informó que las exportaciones de carne bovina, porcina y aviar cayeron de 60,5 millones de dólares del lunes a apenas 74.000 dólares el martes. El promedio diario hasta el estallido del escándalo era de 63 millones.
En campaña
El caso que mezcla corrupción y salud pública agita nuevamente a la sociedad brasileña, que no tiene tregua desde que comenzó el derrumbe del gobierno de izquierda de Dilma Rousseff (2011-2016), sustituida el año pasado por Temer tras perder su cargo por adulterar las cuentas públicas.
Y siembra dudas sobre un alimento base para la dieta local, en una población hastiada por la multiplicación de escándalos, empezando por el que tiene en vilo al país por los desvíos millonarios de la estatal Petrobras para financiar campañas políticas.
El gobierno difundió un comunicado conjunto con la PF en el que afirmó que los sucesos investigados «se relacionan directamente con desvíos de conducta profesional practicados por algunos funcionarios y no representan un mal funcionamiento generalizado del sistema sanitario brasileño».
Maggi recibirá el lunes al comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, en momentos en que la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) tratan de acelerar un acuerdo de libre comercio, en medio de las reticencias de los agroganaderos europeos.
La directora para las Américas de la UE, Edita Hrdá, descartó que el tema trabe los avances.
El caso no constituye «absolutamente ningún obstáculo para las negociaciones», afirmó en una rueda de prensa en Buenos Aires.
