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Por Moises Avila
Brasilia/AFP
Casi treinta años después del fin de la dictadura en Brasil, cialis la Comisión de la Verdad (CNV) entregó su informe final a una conmovida presidenta Dilma Rousseff, víctima del régimen, y pidió anular la amnistía a los violadores de derechos humanos.
En dos años y siete meses de trabajo, la comisión registró 434 muertos o desaparecidos, víctimas políticas directas durante los denominados «años de plomo».
«Esos números no corresponden al total de muertos y desaparecidos. Son sólo los casos cuya comprobación fue posible en función del trabajo realizado y a pesar de los obstáculos en la investigación, en especial la falta de acceso a la documentación producida por las Fuerzas Armadas, oficialmente dada como destruída», dijo la CNV en las conclusiones de su informe final entregado el miércoles a Rousseff.
Para la comisión quedó ampliamente demostrado que las «graves violaciones» de derechos humanos perpetradas durante 21 años fueron una «política de Estado», rechazando la explicación de las Fuerzas Armadas de que fueron hechos aislados o excesos.
«Respetamos y reverenciamos a todos quienes lucharon por la democracia», dijo por su parte la presidenta, quien recibió el informe y derramó lágrimas durante su discurso al asegurar que las nuevas generaciones y las familias de las víctimas merecían la verdad porque, sin ella, «continúan sufriendo como si sus familiares murieran de nuevo».
La comisión fue creada en 2011 por la propia Rousseff, una exguerrillera que estuvo presa y fue torturada por el régimen militar y que también ha prestado su testimonio a este grupo de trabajo, al igual que sus colegas Luiz Inacio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, en calidad de víctimas de la dictadura.
Brasil no ha juzgado a los represores de la dictadura por una ley de 1979, ratificada en 2010, que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos.
También indígenas
De acuerdo con la comisión, 377 agentes del Estado son responsables de graves violaciones a los derechos humanos, ya sea desde el plano político e institucional como por autoría directa.
Entre ellos identifica a ocho militares que ejercieron como presidentes durante la dictadura -todos ya fallecidos- desde Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967) hasta Joao Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985).
También a seis exministros de guerra o del ejército, siete exministros de Marina y cinco de Aeronáutica, además de militares de distintos rangos, diplomáticos, policías y hasta médicos al servicio de la dictadura.
Las modalidades más graves de las violaciones de los derechos humanos fueron: la prisión o detención ilegal arbitraria; la tortura; la ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial y otras muertes imputadas al Estado; y la desaparición forzada, que incluye el ocultamiento del cadáver.
Entre las entidades torturadoras figuran el temido órgano de inteligencia y represión DOI-CODI.
El grupo de trabajo aseguró que también hubo graves violaciones de los derechos de los campesinos y los pueblos indígenas. En lo que concierne a estos últimos, hubo una política de Estado, ya fuera por acción u omisión, que favoreció el despojo de tierras y la muerte de unos 8.350 indígenas, aunque la cifra podría ser mayor, por lo que es necesario ampliar las investigaciones, dijo la comisión.
El trabajo de la CNV fue destacado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que pidió una divulgación «lo más extensa posible» de sus hallazgos y recomendaciones.
No a la amnistía
La CNV consideró que la aplicación de la ley de amnistía de 1979, que protege a los militares que violaron los derechos humanos, es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional. Esos delitos «constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía», dice el informe en sus recomendaciones.
Hasta la fecha, en Brasil se reconocían extraoficialmente unos 400 muertos durante el régimen.
La nueva cifra registra un incremento y dista mucho de las que reconocen otros países de la región que también sufrieron férreas dictaduras a finales del siglo pasado, como Argentina (30.000 desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos) o Chile (3.200 muertos y unos 38.000 torturados).
La CNV recordó que en América Latina hay significativa jurisprudencia respecto a la no aplicación de leyes de amnistía a crímenes de lesa humanidad.
También exhorta a las Fuerzas Armadas a pedir disculpas.
La comisión propone además que se prohiban celebraciones oficiales que conmemoren el golpe de Estado y que se incluyan temas sobre democracia y derechos humanos en el currículo de las academias militares y policiales.
Recomienda garantizar la atención médica y psicológica permanente de víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Pide, finalmente, instalar en Brasilia un Museo de la Memoria, continuar con la localización de los desaparecidos y fortalecer la política de localización y apertura de archivos de la dictadura militar.
