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César Villalona
El presidente ilegal de Brasil, Michel Temer, presentó ante el Congreso de su país un programa de medidas económicas que ha concitado mucho rechazo social. El mandatario está tan acosado por la población que ya se rumora un posible fin de su mandato antes de las elecciones de 2018.
Cuando en Brasil gobernaron Inácio Lula da Silva y Dima Rousseff, del Partido de los Trabajadores, entre enero de 2003 y mayo de 2016, la pobreza disminuyó de 38% a 18% de la población. Ese y otros logros fueron posibles porque el gobierno desarrolló muchos programas sociales en beneficio de la población de menos recursos.
Cuando la economía brasileña comenzó a tener problemas debido al abaratamiento de las materias primas, la presidenta Dilma Rousseff mantuvo los subsidios y todos los programas sociales. Pero desde mayo de 2016, cuando Dilma fue derrocada por el Parlamento y el Órgano Judicial, el señor Temer se alzó con el gobierno y comenzó a tomar decisiones en contra del pueblo. El reciente programa que presentó ante el Congreso incluye las siguientes medidas:
1. Aumento de las tarifas del transporte público, electricidad, gas y telecomunicaciones.
2. Reducción de 14% a las pensiones de la gente jubilada del sistema público y aumento de 60 a 65 años la edad mínima para jubilarse.
3. Recorte de los programas sociales iniciados por los gobiernos anteriores.
4. Freno al gasto público durante 20 años, el cual solo podría crecer en el porcentaje de la inflación, lo que en términos reales significaría mantenerlo igual.
5. Aumento de la jornada laboral hasta 12 horas al día para quien desee trabajar por ese tiempo.
6. Proyecto de Ley que autoriza que las condiciones laborales puedan ser negociadas entre la población trabajadora y los empresarios. Eso significa que miles de personas necesitadas de empleo podrían renunciar a sus derechos laborales y negociar con el patrón que les pague un salario menor al mínimo o que no les pague el 13vo mes, las vacaciones y el adicional por el trabajo nocturno.
7. Reforma en la enseñanza media para suprimir el currículo universal y la obligatoriedad de algunas disciplinas, como filosofía, sociología, educación artística y educación física.
Si esas medidas se aplican se irán a pique el consumo de la población, las ventas de las empresas, la inversión, el PIB y el empleo. El gobierno tendría más dinero, pero la pobreza llegaría a los niveles de hace 15 años.
La diferencia entre un gobierno de izquierda y uno de derecha es muy clara. Lula y Dilma utilizaron el dinero público para ayudar al pueblo. Temer pretende quitarle dinero al pueblo para pagarle a los banqueros y enriquecer a unos pocos a través de la corrupción y las compras gubernamentales.
La población está en contra del plan del gobierno. Ocho centrales sindicales hicieron una huelga general el 11 de noviembre, cuando la capital del país amaneció sin servicio de transporte público y la población estudiantil se tomó 170 universidades y más de mil colegios de secundaria. El 27 de noviembre hubo otra gran jornada de protesta popular.
Como el gobierno está débil, dos dirigentes del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que encabezó el golpe contra Dilma Rousseff, le pidieron al Tribunal Superior Electoral que anule los comicios de 2014 porque supuestamente el PT utilizó recursos ilícitos. Si el Tribunal anula esas elecciones, Temer tendrá que abandonar la presidencia que usurpó y hay que hacer nuevas elecciones.
Detrás de la maniobra contra Temer está el gobierno de Estados Unidos, que lo apoyó para que traicionaría a Dilma y ahora quiere quitarlo de en medio, antes de que el pueblo se le adelante y liquide el proyecto oligárquico.
