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Brasilia/PL
Brasil vivirá hoy un Día Nacional de Paralización y Huelgas, convocado por las centrales sindicales y los frentes Pueblo sin Miedo y Brasil Popular para repudiar »la agenda conservadora del gobierno sin votos de Michel Temer».
Al menos 19 estados y el Distrito Federal confirmaron la realización de manifestaciones este viernes ‘para que nuestras conquistas no sean enterradas por un gobierno golpista e ilegítimo’, dijo en un comunicado la Central Única de Trabajadores (CUT).
Paralizaciones parciales en las labores, atraso en la entrada a los turnos de trabajo, concentraciones populares, asambleas, e interrupciones en los servicios de transporte público, son algunas de las acciones que serán acometidas hoy en el que la Central de los Trabajadores de Brasil (CTB) marcó como el inicio de un noviembre de luchas.
Organizadores de las protestas reiteraron en sus llamamientos que las mismas tendrán como propósito repudiar la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 55) remitida por el presidente Temer al Congreso para congelar por 20 años las inversiones en los servicios públicos esenciales para la población.
También contra las anunciadas reformas de la seguridad social y laboral; contra la entrega a las transnacionales de las mayores reservas de petróleo del país, localizadas en el área de pre-sal; y en apoyo a las tomas de centros educacionales que llevan adelante en toda la nación estudiantes secundarios y universitarios.
La agenda incluye la exigencia de que el Estado retome su papel como inductor del desarrollo con distribución de las riquezas y la defensa de un Poder Judicial imparcial y sin vocación partidaria.
El Día Nacional de Paralización y Huelgas forma parte de un programa de acciones que, según el presidente de la CUT, Vagner Freitas, apuntan a la acumulación de fuerzas con miras a una huelga general que se producirá si los actuales gobernantes no entendieran que no pueden retirar los derechos a la clase trabajadora.
La jornada de protestas transcurrirá un día después que la Comisión de Constitución y Justicia del Senado Federal aprobara la PEC 55, la cual establece un severo ajuste fiscal y cuya constitucionalidad es cuestionada incluso por consultores de esa Casa.
Especialistas del Centro de Estudios e Investigaciones de Asesoramiento Legislativo del Senado sugirieron interrumpir la tramitación de la propuesta presidencial al entender que la misma ‘tiende a suprimir cláusulas pétreas’ previstas en la Constitución Federal, como la separación de Poderes, los derechos y garantías individuales y el voto directo.
El nuevo régimen fiscal -que establece límites individuales a los gastos primarios para los próximos 20 ejercicios financieros sobre la base de los gastos de 2016, corregidos anualmente por la inflación acumulada hasta junio del año anterior- ‘es una medida draconiana’, advirtieron.
De un lado, indicaron los investigadores, estrangula y mitiga la independencia y la autonomía financiera del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como la independencia financiera del Ministerio Público de la Unión y de la Defensoría Pública.
Pero también restringe la posibilidad del Jefe del Poder Ejecutivo -legítimamente electo mediante voto directo, secreto, universal y periódico- de definir el límite de gastos de su gobierno, fijar directrices y definir estrategias, lo cual significa retirarle una de sus principales prerrogativas de orientación, dirección y gestión, remarcaron.
