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Por Damian Wroclavsky
Brasilia/AFP/PL
Los frentes Brasil Popular y Pueblo sin miedo y la Central Única de Trabajadores (CUT), here junto al Partido de los Trabajadores (PT) convocaron este jueves al pueblo brasileño a una movilización masiva a la Jornada Nacional en Defensa de la Democracia, Golpe Nunca Más; en defensa de la presidenta Dilma Rousseff.
El evento también conmemorará un años más del derrocamiento del presidente João Goulart en 1964, quien nacionalizó las refinerías de petroleras del país, puso fin a la evasión de capitales; además de promover una reforma agraria.
El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) encabezará una marcha en la capital brasileña «en defensa de la democracia» y contra «el golpe» que, según la izquierda, la oposición fomenta a través del procedimiento de destitución de Rousseff por presunto maquillaje de las cuentas públicas.
En una jornada de alta tensión, la Corte Suprema debe decidir además si retiene o restituye, al menos parcialmente, a la justicia ordinaria la investigación sobre Lula, sospechado por el juez Sergio Moro de disimular sus bienes, en el marco del megaescándalo de Petrobras.
El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Rousseff, que ya comenzó la batalla en el ámbito institucional, quiere presionar desde la calle, en momentos en que la aprobación del gobierno está en un ínfimo 10%.
El PT y movimientos sociales convocaron manifestaciones en 31 ciudades, aunque las principales deberían ocurrir en Brasilia, donde ya por la mañana unos 500 manifestantes bloquearon la entrada del Banco Central, en una protesta contra el pago de la deuda pública, informó un fotógrafo de la AFP.
Hace dos semanas, el PT y los movimientos sociales reunieron cerca de 300.000 personas, 80.000 en Sao Paulo con Lula vestido de dirigente obrero como en sus viejos tiempos de opositor al régimen militar (1964-85). La oposición, por su lado, había sacado a la calle unos días antes a más de tres millones, al grito de «¡Fuera Dilma!».
Lula fue nombrado jefe de gabinete por Rousseff, pero su designación está bloqueada por la justicia por sospechar que podría tratarse de un ardid para obtener fueros privilegiados en las investigaciones sobre Petrobras.
Las sospechas fueron levantadas por la divulgación, por el juez Moro, de conversaciones pinchadas entre Lula y Rousseff. Un magistrado de la Corte Suprema pidió luego a Moro que le remitiese la totalidad de las grabaciones para conservar eventualmente aquellas que el ex mandatario mantuvo con personas con fueros privilegiados.
El máximo tribunal se pronunciará este jueves sobre el caso de las escuchas y próximamente dirá si Lula puede al fin y al cabo ser ministro.
La crisis política de Brasil comenzó hace dos años con las revelaciones sobre los sobornos pagados por grandes constructoras a Petrobras y a políticos para amañar licitaciones y en 2015 detonó con los arrestos de jerarcas de la industria y de algunos dirigentes políticos.
El país atraviesa además una grave recesión económica, con alza de desempleo y alta inflación.
Las incertidumbres sobre el futuro inmediato han relegado a segundo plano los Juegos Olímpicos de Rio, que se celebrarán en poco más de cuatro meses (del 5 al 20 de agosto).
Ley antiterrorista
A su vez, la manifestación hará publico su descontento con la ley antiterrorismo enviada al Congreso recientemente, cuyo objetivo principal es criminalizar las protestas sociales en contra de los ataques al Gobierno de la mandataria
Por su parte, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) hizo un llamado a todas las fuerzas democráticas del país a sumarse a la convocatoria, para defender los derechos de la clase obrera y por las políticas sociales conquistadas por el PT.
«La movilización contra el golpe debe mantenerse en las calles, en las redes sociales, universidades e instituciones», expresa un fragmento del comunicado del PCdoB, que intenta promover la creación de un Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Democracia.
En ese sentido, insisten en que dependerá de los legisladores brasileños que el país continúe por el rumbo democrático o sea víctima de un golpe de Estado y sus consecuencias negativas para la sociedad.
Otras marchas
Durante la jornada del miércoles un colectivo de artistas, directores y trabajadores audiovisuales se concentraron en Sao Paulo (suroeste) para rechazar las pretensiones golpistas y desestabilizadoras de la derecha.
De igual forma, representantes de universidad federales se congregaron en Río de Janeiro para defender los principios democráticos de la nación, que consideran se encuentran actualmente en riesgo.
Maniobras entre bastidores
Lula, aunque no sea ministro, se empeña en la que debía ser su misión principal en el gobierno: reforzar la frágil coalición, sobre todo después de que su mayor integrante, el centrista PMDB del vicepresidente Michel Temer, decidiera esta semana romper con Rousseff y sumarse a la causa del impeachment.
En caso de que esa iniciativa desemboque en la destitución de Rousseff, el propio Temer completaría su mandato hasta fines de 2018.
El foco del gobierno es ahora impedir una estampida de sus demás aliados y, con cargos en la mano, Lula y Rousseff negocian las inciertas fidelidades.
Desde la salida del PMDB del gobierno, Rousseff se enclaustró en el palacio presidencial de Planalto para reconfigurar su equipo gubernamental.
«El gobierno tiene una doble estrategia: recomponer la base aliada e impedir que el PMDB junte 342 votos» para aprobar el impeachment en la cámara de Diputados, indicó el miércoles a la AFP un asesor del gobierno que pidió el anonimato.
Los 342 votos equivalen a las dos terceras partes de la Cámara, de 513 escaños.
«El gobierno tiene la capacidad de liberar presupuestos para garantizar la realización de proyectos» de responsables que quieran ser electos o reelectos en los comicios municipales de octubre próximo, agregó el asesor. «No hay nada irregular en eso. Son políticas tradicionales», apuntó.
Temer y su nuevo aliado, el opositor socialdemócrata PSDB, también tratan de ganar apoyos para el impeachment, con promesas de cargos y ministerios del gobierno que se formaría tras la caída de Rousseff.
Seis ministros de Rousseff son del PMDB y ninguno ha pedido hasta ahora la salida. Según el asesor, todos negocian para quedarse.
La ministra de Agricultura, Katia Abreu, dijo por ejemplo en Twitter que estaba decidida a seguir en el cargo y en el PMDB.
Pero según medios de prensa, Rousseff estaría dispuesta a mantener solo a tres, porque los otros no aportarían muchos votos para frenar su proceso de destitución.
