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César Villalona
En enero de 2023, cuando entró en vigencia la “Ley Integral del Sistema de Pensiones”, el señor Alejandro Zelaya, entonces Ministro de Hacienda del Gobierno de Bukele, dijo en un canal de televisión que el Gobierno ya no agarrará dinero de los fondos de pensiones que administran las AFP.
Zelaya dijo eso porque se eliminó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (CIF), mediante el cual las AFP le otorgaban préstamos al Gobierno a cambio de Certificados de Inversión Previsional (CIF), para que cubriera algunos compromisos de pensiones, sobre todo el pago de pensiones del sistema público, el cual había quebrado tras el surgimiento de la AFP en 1998.
Pero, resulta que lo dicho por el Ministro no era cierto, porque los CIF fueron sustituidos por Certificados de Obligación Previsional (COP), emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (un ente público también creado en 2023) para que las AFP los compren de forma obligatoria y entreguen dinero para “financiar pagos que se generen de las obligaciones previsionales del Estado” (artículo 9 de la ley de creación de los COP).
De manera que lo que hubo fue un cambio de nombre, pues en vez de venderles CIF a las AFP, ahora se les venden COP. Pero hay que agregar que los COP generan dos peligros adicionales: pueden ser emitidos sin límites y el ente emisor no garantiza su pago.
Entonces, contrario a lo que aseguró el exministro de Hacienda, el Gobierno sigue tomando dinero de los fondos de pensiones. Entre abril de 2023 y enero de 2024 agarró $1,247 millones, una cifra escandalosa, pues el pago de pensiones del sistema público no requiere ni la tercera parte de ese monto. (Ver https://estadisticas.bcr.gob.
En la nueva ley también se aprobó que durante cuatro años (2023-26) el Estado no pagará ni un centavo de amortización e intereses por la deuda acumulada con los fondos de pensiones, que inició en 2007 y para 2019 estaba en $5,265 millones. Hoy esa deuda está en $9,644 millones. O sea, que en lo que va del Gobierno de Bukele creció 83%. Y a la velocidad que lleva, para el primero de junio, cuando se cumplan los cinco años del Gobierno, habrá aumentado 100%, es decir, se habrá duplicado.
El monto que el Gobierno no pagará hasta 2026 rondará los $2,500 millones. Ese es un golpe para la población cotizante, pues como el dinero no pagado no genera rendimientos, cuando la gente se vaya a pensionar encontrará en su cuenta un ahorro menor del que debía tener.
Además, como el Gobierno sigue agarrando dinero de los fondos de pensiones, es probable que cuando le toque pagar no pueda hacerlo. Y si no paga, más de 900,000 personas quedarán estafadas.
Pero ante esta peligrosa realidad, el presidente de la república, en vez de dar la cara lo que hizo fue ordenarle al exministro decir falsedades.
