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Saúl Méndez
Colaborador
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) convocó a los miembros de la sociedad civil, sindicatos, gremios y organizaciones sociales, a manifestarse el 23 noviembre en una segunda marcha blanca en oposición a los recortes presupuestarios a la inversión social, contemplados en el Proyecto de Presupuesto 2025. El BRP también se pronunció contra a los 80 despidos “arbitrarios” realizados por el gobierno de Nayib Bukele contra profesionales de la educación, salud y servicio público que participaron en la movilización del 19 de octubre.
La pasada Marcha Blanca reunió a miles de personas que se manifestaron contra los recortes presupuestarios, como la suspensión del escalafón. Sin embargo, organizaciones sociales han denunciado represalias por parte del gobierno contra los profesionales que participaron en la movilización. Algunas de esas represalias se han traducido en despidos arbitrarios y acoso policial, según lo han relatado víctimas.
Los miembros del BRP afirmaron que los despidos son parte de una nueva política impulsada por el gobierno para realizar recortes presupuestarios en diferentes instituciones gubernamentales. Además, consideran que la oleada de despidos representan una “violación” a los derechos fundamentales de los trabajadores y un “ataque” a la libertad de expresión y asociación.
Francisco Omar Rodríguez, vocero del BRP, aseguró que el gobierno ha iniciado una “lógica de despidos” que obedece a los ajustes presupuestarios para el 2025.
“Ya inició. Y ha iniciado como acciones ejemplarizantes para que la gente no se movilice. Nosotros creemos que es importante perder el miedo. Creemos que es importante que la gente, a pesar de todas estas situaciones, de todas estas represalias, de toda esta represión, se movilice y denuncie las graves injusticias que se están cometiendo”, comentó Rodríguez.
Asimismo, el BRP mostró su repudio al Proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Ministerio de Hacienda. “Este presupuesto, presentado a la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo, no responde a los intereses de las grandes mayorías, no responde a los intereses populares, más bien va en la lógica de deteriorar las condiciones de vida de la población que ya está en condiciones de deterioro”, aseveró el vocero del BRP. Sonia Urrutia, representante del BPR, habló sobre la situación actual del movimiento sindicalista. “Creemos que en este momento el movimiento sindical vive una situación muy difícil, un momento de persecución, en el cual se está atemorizando, se está atentando directamente contra los derechos de la clase trabajadora y del movimiento sindical. El gobierno está generando políticas de temor, de persecución.”
Por su parte, la Fuerza Estudiantil Salvadoreña (FES), y el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, se solidarizaron con las 80 personas del área de la salud, educación y servidoras públicas que fueron despedidos. Aseguraron que los profesionales fueron “arbitrariamente despedidos y reprimidos”. Piden el reinstalo inmediato de las personas despedidas.
Además, se mostraron preocupados por la estabilidad del presupuesto que recibirá la Universidad de El Salvador (UES) para el próximo año. “El gobierno pretende congelar el presupuesto de la UES en $114 millones, manteniendo formalmente el mismo monto que en 2024, con el riesgo que persista en sus prácticas de continuar asfixiando la educación superior pública incumpliendo con las trasferencias legalmente obligatorias”, denunció la FES.
La abogada y defensora del Unidehc, Ivania Cruz, agregó que la persecución política impulsada por Nayib Bukele contra sindicalista lleva hasta la fecha más de 20,000 personas despedidas. Según la abogada, de aprobarse el presupuesto presentado por el gobierno, se tendría un aproximado de 11,000 personas despedidas en instituciones de gobierno y alcaldías.
El pasado 30 de octubre, el BRP presentó una propuesta de Presupuesto 2025 Alternativo, la cual contempla inversiones en el sector de la educación, salud, agricultura, gobernación, entre otros. El Bloque ha iniciado la socialización del documento entre la sociedad salvadoreña. Esperan que la propuesta pueda ser recibida por la Asamblea Legislativa.
