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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
A 32 años del atentado a las instalaciones de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), donde asesinaron a 9 dirigentes sindicales, entre ellos a Febe Elizabeth Velásquez, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) denunció graves retrocesos de los derechos laborales que enfrentan los trabajadores tanto del sector público como privado, entre ellos, los miles de despidos en diferentes instituciones del gobierno y la Asamblea Legislativa.
Para Sonia Urrutia, representante del BRP, el Día Nacional del Sindicalista, que se conmemora el 31 de octubre, decretado un año posterior al atentado de FENASTRAS, es momento propicio para exigir al gobierno el cese de la violación a la libertad sindical, pues desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia comenzaron los despidos masivos en las instituciones públicas y alcaldías.
“Este gobierno se caracteriza como violador de las libertades sindicales, le exigimos a Rolando Castro, ministro de Trabajo, que entregue las credenciales a los sindicatos legalmente constituidos porque las entregan una semana antes que venzan, y en algunos casos cuando ya están vencidas. Le recordamos que es un derecho amparado en la Constitución de la República y Código de Trabajo”, sostuvo.
Asimismo, pidió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y demás organismos que permanezcan vigilantes sobre las vulneraciones a los derechos laborales y libertades personales que enfrentan los trabajadores tanto del sector público como privado, además, que insten al gobierno a respetar la normativa y tratados internacionales.
“Hacemos un llamado al personal militar y policial consecuente para que se nieguen a prestarse al juego de continuar irrespetando la Constitución y libertades democráticas. De igual forma llamamos a la jerarquía religiosa a seguir el llamado de nuestro santo y mártir San Romero y pronunciarse a favor del pueblo, exigiendo respeto a las leyes y justicia social”, afirmó Urrutia.
Otras de las exigencias del BRP es la reapertura del programa de agricultura familiar y el apoyo a los productores nacionales para paliar la grave situación alimentaria; un alto al incremento en las tarifas de servicios básicos como agua, energía eléctrica, gas y transporte.
Además, mayor inversión en salud y educación; restitución del sistema democrático afectado desde el 1 de mayo, derogación de impuesta Ley Bitcoin por afectación negativa a la economía familiar y la facilitación del delito de suplantación de identidad a través de la billetera virtual de la empresa Chivo.
