Redacción Nacionales
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Ante la llegada de 238 venezolanos supuestos miembros del grupo criminal Tren de Aragua, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) denunció que muchas de estas personas han sido privadas de su libertad de manera arbitraria, sin haber sido juzgadas en un debido proceso judicial y sin pruebas contundentes que demuestren su participación en actividades delictivas en Estados Unidos.
Asimismo, consideró que este acto arbitrario y deshumanizante no solo viola los principios básicos del derecho internacional, sino que también convierte al país en un cómplice de la política migratoria xenófoba y criminalizadora impulsada por el gobierno de Donald Trump.
“Demuestra el carácter fascista, racista y desafiante de las básicas convenciones de derechos humanos, por parte del gobierno de Donald Trump y Bukele, quienes se atribuyen la facultad de secuestrar, deportar y encarcelar personas solamente por ser venezolanos, y la acusación de pertenecer a un grupo delictivo, sin ninguna prueba y sin derecho a la defensa”, sostuvo el BRP.
Aseguró que este pacto, implica la llegada forzada de personas al territorio que evidencia la complicidad de un gobierno que ha decidido subyugarse a los intereses imperialistas de los Estados Unidos.
El Bloque calificó de alarmante que entre las personas deportadas se encuentren cabecillas de pandillas que, según investigaciones periodísticas, fueron liberados de manera ilegal durante el gobierno de Nayib Bukele como parte de los acuerdos entre el régimen y las pandillas para sostener el pacto.
Según el BRP, estas deportaciones buscan impedir que estos líderes delincuenciales, revelen detalles sobre el pacto que Bukele mantiene con estos grupos criminales, esta situación no solo evidencia la doble moral del gobierno salvadoreño, sino que también pone en riesgo la seguridad de la región al permitir que criminales peligrosos queden en libertad.
“Expresamos nuestra solidaridad con las familias venezolanas y de otros países cuyos seres queridos han sido arrestados de manera arbitraria acusados de delitos que no han cometido, tal como se demuestra en procesos judiciales pendientes y en constantes denuncias por las familias de las víctimas, que han sido acusados falsamente de ser criminales solo por el hecho de ser migrantes”, destacó.
Recalcó que esta política de persecución y criminalización masiva, basada en prejuicios raciales y xenófobos, busca estigmatizar y perseguir a quienes huyen de la pobreza, la violencia y la opresión generada por las mismas políticas imperialistas que hoy los condenan.
“Exigimos la inmediata liberación de todas las personas detenidas de manera injusta y el respeto irrestricto a su derecho a un juicio justo, y a la presunción de inocencia, rechazamos categóricamente la utilización de nuestro territorio como un campo de detención para personas que han sido víctimas de un sistema migratorio cruel y deshumanizante”, pidió.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca reconoció que, de las 238 personas enviadas a El Salvador, 101 son migrantes, es decir, aparentemente sólo habían violentado la ley entrando ilegalmente a Estados Unidos.