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Bruselas/AFP
La Comisión Europea propuso este miércoles una reforma de las reglas para importar transgénicos que facilita su ingreso en la UE y da la posibilidad a los Estados de prohibir libremente su uso, drugstore exponiéndose así a las críticas de los pro y anti OGM.
La propuesta refleja la voluntad del presidente de la Comisión, prostate Jean-Claude Juncker, de «tomar mejor en cuenta las preocupaciones» y sensibilidades de los Estados y de los ciudadanos, subrayó la comisaria Margrethe Vestager en una rueda de prensa.
Pero la propuesta provoca un rechazo general. La industria de los organismos genéticamente modificados (OGM) y la agrícola ven en ella un obstáculo para los negocios, mientras que los defensores del medio ambiente acusan a Bruselas de exonerarse de sus responsabilidades.
La autorización para importar, así como para cultivar transgénicos, debe obtener el aval de la mayoría calificada de los Estados, lo que hasta ahora fue imposible obtener.
La Comisión está entonces obligada a imponer estas autorizaciones una vez aprobadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
La reforma mantiene el sistema actual que obliga a la Comisión a abrir el territorio europeo a la importación de OGM, si recibe el aval de la EFSA y si no hay una mayoría de Estados miembros para bloquear la decisión.
Pero introduce la posibilidad para los Estados de rechazar el uso de los OGM en su territorio, si pueden amparar la decisión bajo «motivos legítimos».
Este método, con el que se deja libertad a los países miembros, es el que ya aprobó el bloque para el cultivo de transgénicos, adoptado en enero por el Parlamento Europeo.
Con esta propuesta, si se adopta, la Comisión debería liberarse del expediente transgénicos, políticamente muy sensible.
La idea del Ejecutivo comunitario es no restringir el mercado interior, por ello la importación sería autorizada para el conjunto del bloque y, en cambio, cada miembro podría autorizar o no la utilización de los transgénicos en su territorio.
La propuesta debe ahora ser negociada entre la Eurocámara y los Estados miembros. Pero sin esperar el aval, la Comisión prevé autorizar la comercialización de 17 OGM para forraje, según una fuente europea.
Con las reglas actuales 58 transgénicos recibieron la autorización de ingresar en la UE, esencialmente para alimentación animal. En cada caso la Comisión se vio obligada a zanjar por la falta de consenso entre los Estados (un 40% está a favor, 35% en contra y 25% se abstiene).
Cinco organizaciones defensoras del medio ambiente, entre ellas Greenpeace y Friends of the Earth, acusaron al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, de «traicionar su compromiso».
Juncker había denunciado en julio de 2014, antes de asumir la presidencia del bloque, «la obligación jurídica que recae en la Comisión de autorizar la importación de nuevos organismos, incluso cuando una clara mayoría de Estados está en contra». Ante la Eurocámara se había comprometido a instaurar un proceso aceptable por todos los países.
La Biotech Crops Alliance denunció por su parte, en nombre de los productores estadounidenses, una «fragmentación» del mercado único, que deja planear la amenaza de recursos en la Organización Mundial del Comercio (OMC). «La administración estadounidense recorrió todos los pisos de la Comisión contra este proyecto», confió a la AFP una fuente con acceso al caso.
Catorce asociaciones que representan la agroindustria europea, cuyos ganaderos dependen del forraje a base de OGM, entre ellas la Copa-Cogeca, principal lobby agrícola en la UE, se oponen a toda «renacionalización» del tema.
El tema divide incluso dentro de la Comisión, a pesar de que Juncker decidiera «forzar» la aprobación de la reforma por los comisarios para sacarse el tema de encima, según la misma fuente.
El comisario francés, Pierre Moscovici, y el maltés, Karmenu Vella, ambos socialistas, estiman que el proyecto no da las garantías jurídicas suficientes a los Estados que desean prohibir el uso de OGM, precisó.
En tanto, la comisaria liberal Cecilia Malmstrom y el conservador alemán Gunther Oettinger están contra toda posibilidad de exención para los Estados.
