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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El abogado constitucionalista Enrique Anaya señaló que, durante la conferencia de prensa en Costa Rica, el presidente Nayib Bukele reconoció que en su gobierno ha habido negociaciones y treguas con las pandillas.
“Lo traicionó el hablar, porque dijo, también en el gobierno de ellos hubo una tregua, al decir `también´ está reconociendo que, durante el gobierno anterior, que es el gobierno de Bukele, ha existido una negociación, tregua con las pandillas”, externó el abogado.
Según el abogado constitucionalista, en la misma conferencia Bukele también admite que ya liberaron a ocho mil capturados bajo el Régimen de Excepción, es decir, de 80 mil detenidos, se equivocaron con el 10%.
“Admite claramente un margen de error espantosísimo del 10%, y por esa equivocación la gente ha estado presa un año, seis meses, dos años, y van más de trescientos muertos en las cárceles; tengamos un poquito de conciencia y de humanidad, porque son 8 mil personas a quienes les han destruido la vida”, manifestó Anaya durante la entrevista Encuentro con Julio Villagrán.
Asimismo, destacó que Bukele en su “verborrea” continúa con la política de cuestionar a las organizaciones que defienden los derechos humanos, así como la línea de ataque hacia Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario y MOVIR, al señalarlas como ONG opositoras al gobierno y que sus integrantes pertenecieron al partido FMLN.
El abogado explicó que en una democracia constitucional hay dos elementos esenciales, como es el respeto a los derechos humanos y la división de poderes. En el país esas reglas básicas no existen, en El Salvador no hay división de poderes, lo que rige es la voluntad, caprichos y el humor con el que amanezca Bukele.
“Tristemente El Salvador es visto en la comunidad internacional como ejemplo de un gravísimo deterioro y retroceso democrático, el respeto a los derechos humanos fundamentales y división de poderes no existen en El Salvador, hay una masiva violación a los derechos humanos”, aseguró el abogado constitucionalista.
En su último informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al gobierno salvadoreño dejar sin efecto el Régimen de Excepción, investigar todas las denuncias sobre muertes bajo la tutela del Estado y las desapariciones forzadas, y la tardanza en materia penal.
Agregó que en materia penal y constitucional los magistrados y jueces son mayordomos de casa presidencial, desde el 2021 no hay independencia judicial, cuando los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional son cesados inconstitucional e ilegalmente y con violación a los tratados, las cinco personas puestas en sus lugares solo sirvieron para autorizar una reelección inconstitucional.
