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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El presidente de la República, Nayib Bukele, envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley Anticorrupción, que supuestamente busca “reforzar la transparencia” de los funcionarios.
El anuncio lo hizo en horas de la noche de este miércoles. Según el jefe de Estado, esto “es un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador”. Bukele informó que la propuesta de ley “busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes”.
En listó algunos de los puntos “más relevantes”: uno de ellos es obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta, todos los años, dicha declaración será publicada y accesible para cualquier ciudadano, según lo expresó Bukele.
Otro de los puntos es endurecer las penas para los delitos de corrupción. Se crearía una nueva categoría de delito, sancionado con prisión, para castigar el «testaferrato» (uso de prestanombres). Se establecería un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas de la República (CCR) con vínculo directo a la Fiscalía General de la República, para perseguir a los corruptos desde las auditorías.
Se crearía un “Centro Nacional Anticorrupción”, que realizará labores de inteligencia con tecnología avanzada dentro de la Fiscalía General de la República, se otorgaría al Centro acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de inmediato.
Se habilitarían ventanillas de denuncia anticorrupción “para fomentar la participación activa de la ciudadanía”. “Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país”, finalizó Bukele.
Si bien, Bukele ha anunciado esta ley, existe historial que los funcionarios no rinden cuentas, ya que han existido múltiples casos de presunta corrupción en el Gobierno de Bukele y las autoridades, en este caso la FGR y el mismo Gobierno, no han actuado.
De hecho, el Gobierno de Bukele desmontó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) quien fue creada en 2019 para investigar casos de corrupción en el país. La CICIES encontró al menos 12 casos de indicios de corrupción, pero estos fueron archivados y olvidados por las autoridades.
El mismo Bukele y la Asamblea Legislativa también han declarado todo en reserva hasta por siete años. Por ejemplo, nadie ha podido acceder a la información sobre cuántos y qué institución, si la hay, ha sido la encargada de comprarlos. También, en los seis años de gobierno de Bukele, no se puede acceder a la información sobre la declaración de cómo ingresó al gobierno y qué declaró al final de su periodo constitucional.
