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El presidente inconstitucional Nayib Bukele ha ordenado a la Asamblea Legislativa que apruebe una ley que permita la exploración y explotación minera en El Salvador, pese a los peligros ambientales y para la vida que esto significa, más allá de que exista una ley que prohíbe la explotación minera en El Salvador.
El miércoles 27 de noviembre, Bukele escribió en sus redes sociales que en El Salvador hay una veta de oro, en la franja norte del país, y que es absurdo que haya una Ley que prohíbe la explotación Minera.
Más adelante, Bukele escribió que existen estudios “realizados solo en el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro”. Según Bukele, esa cantidad de oro está valorada en 131 millones 565 mil dólares. “Esto equivale al 380% del Producto Interno Bruto (PIB). Y que el potencial total podría superar los tres billones de dólares, “mas del 8,800 del PIB”, escribió Bukele.
A finales de la semana pasada, sin mayor discusión, como suelen hacerlo los diputados del oficialismo, la Comisión Legislativa de Tecnología, Turismo e Inversión emitió un dictamen favorable al proyecto de Ley General de Minería Metálica para El Salvador, la cual será aprobado en el pleno legislativo este lunes 23 de diciembre, pese a la oposición de diversos sectores de la sociedad salvadoreña.
El sacerdote jesuita José María Tojeira, en un artículo publicado en Diario Co Latino, el martes 17 de diciembre, sobre este tema expresa: “Aunque este tema ha sido ampliamente tratado por múltiples instituciones y personas, resulta importante hacer un resumen de lo que está en juego. Si nos queremos acercar a hacer un juicio ético sobre la minería metálica desde los principios de la Iglesia católica tenemos que reflexionar sobre algunos principios de moral económica. Lo primero es ver a qué se dedica este tipo de empresa minera. Buscan un bien de lujo, superfluo cuyo precio es de 2.650 dólares la onza, 42.400 la libra. Un metal signo de ostentación”
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De igual forma, diversos colectivos exigieron a los diputados de la Asamblea Legislativa que no se atreva a derogar la Ley Especial de Prohibición de la Minería Metálica, ya que significa un riesgo en la vida, salud y el bienestar de la población salvadoreña, y los ecosistemas.
“Reactivar esta industria, prohibida por consenso nacional en 2017, sería una decisión irresponsable y contraria a los compromisos éticos, sociales y ambientales que ustedes como representantes tienen con la ciudadanía”, dijeron las organizaciones a los diputados en la misiva que llegaron a dejar.
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La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) también emitió su rechazo a la minería. En un comunicado, firmado por todos los obispos del país y publicado el 12 de diciembre, la máxima instancia de la Iglesia Católica le recuerda al gobierno de Bukele que “el agua, la salud y la vida NO TIENEN PRECIO”.
Y podríamos citar a una gran cantidad de otras organizaciones y personalidades, incluido el padre del presidente inconstitucional, Armando Bukele Katán, quien en un micro programa en el canal 12 de televisión expresó hace varios años su rechazo a la minería metálica, pues, causaría un daño irreversible al país y a su población. Además, afirmó que “No existe la minería verde”.
El presidente Bukeke, en su afán de ganar la simpatía de la población a favor de la explotación minera, ha utilizado, además del falso dato de que en el subsuelo salvadoreño se esconden tres billones de dólares, que la explotación minera se haría con nuevas tecnologías que disminuyen los daños ambientales.
Todas las bondades que Bukele ha esgrimido de la explotación minera no están sustentadas en ningún estudio serio, y que la explotación minera no va a favorecer al pueblo, sino a las empresas transnacionales que extraen el oro y el clan Bukele que recibirá las migas o saquitos de oro, el país solo recibirá el desastre ambiental.
De ahí, con tal de obtener beneficios personales Bukele desafía a la ciudadanía al aprobar la explotación minera en el país.
