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Bukele dijo en Costa Rica que CRISTOSAL, Socorro Jurídico Humanitario, MOVIR, UNIDEHC y todas las ONG defensoras de DDHH, mienten y son del FMLN

Por David Alfaro
13/11/2024

La respuesta de Bukele a la pregunta de una periodista costarricense sobre los cerca de 30,000 presos inocentes bajo el régimen de excepción en El Salvador, es preocupante y pone al descubierto varias dinámicas peligrosas. En primer lugar, al desestimar las cifras como inventos de las ONG defensoras de derechos humanos y al etiquetar estas organizaciones como afines al FMLN, Bukele no solo evade una cuestión grave, sino que también continúa una estrategia de deslegitimación y hostigamiento hacia los críticos de su gobierno.

Desacreditar sistemáticamente a las ONG y a los defensores de derechos humanos no es nuevo, pero sigue siendo un signo clásico de un dictador. Estas organizaciones han documentado de manera exhaustiva los abusos, incluidas detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas en las cárceles, y son fuentes importantes de accountability en cualquier democracia. Al asociarlas con un partido político opositor, Bukele intenta desviar la atención y polarizar aún más la opinión pública, restando seriedad a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Además, ignorar o minimizar las cifras de presos inocentes revela una insensibilidad ante el sufrimiento de miles de familias salvadoreñas que han visto a sus seres queridos injustamente encarcelados y hasta asesinados por hambre, sed y torturas. En un país donde el régimen de excepción ha sido criticado por múltiples organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, por sus métodos opresivos, la respuesta de Bukele refleja una estrategia de defensa basada en el descrédito y la manipulación, en lugar de transparencia y diálogo.

Esta negación rotunda y el ataque a las ONG no solo deterioran la ya frágil credibilidad democrática de El Salvador, sino que también perpetúan un ambiente de miedo y represión. Defender la seguridad pública no debería ser un pretexto para ignorar los derechos fundamentales de los ciudadanos ni para criminalizar la defensa de los derechos humanos. En una democracia saludable, las voces críticas no son enemigas, sino esenciales para el equilibrio y la justicia; pero en una dictadura como la de Bukele, las voces críticas son criminalizadas y aplastadas.

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