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Por David Alfaro
La presencia de policías en hospitales no tiene como objetivo garantizar mejores condiciones para los pacientes o trabajadores. Más bien, es una herramienta de intimidación destinada a silenciar denuncias y a perpetuar un clima de miedo entre quienes ven de cerca las carencias del sistema.
El despliegue de policías para vigilar la red hospitalaria y el ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social), un ente que debería ser autónomo, refleja el carácter profundamente autoritario de la dict de Nayib Bukele. En lugar de atender las crecientes necesidades del sistema de salud, la dictadura opta por reprimir las voces que denuncian sus fallas. La orden de despedir a trabajadores que se atrevan a evidenciar el desabasto y la falta de atención, no sólo silencia la crítica, sino que también condena a la ciudadanía a un sistema aún más deteriorado.
Despidos masivos y desabasto: un golpe doble a la salud pública
El anuncio de 1,350 despidos en enero de 2025 es una señal alarmante de la precarización creciente del sector. Mientras se reduce el personal, los hospitales enfrentan una crisis de recursos, medicamentos y equipo. En este contexto, responsabilizar a los trabajadores por las fallas del sistema es una táctica que desvía la atención de las verdaderas causas: desfinanciar a la Salud pública, negligencia y mala gestión gubernamental.
¿Absorber el ISSS? Una maniobra peligrosa
El rumor sobre la absorción del ISSS por el Ministerio de Salud sugiere un intento de centralizar aún más el control del gobierno sobre los recursos y servicios. Es preocupante considerando que la dictadura ya adeuda al ISSS alrededor de $25 millones en dinero y $20 millones en equipo, una deuda que muestra la falta de compromiso con la sostenibilidad del sistema. De concretarse esta absorción, los cotizantes y asegurados del ISSS, quienes han aportado con su trabajo a este sistema, podrían enfrentarse a un deterioro aún mayor en sus derechos y servicios.
El control policial: una señal de represión
La presencia de policías en hospitales no tiene como objetivo garantizar mejores condiciones para los pacientes o trabajadores. Más bien, es una herramienta de intimidación destinada a silenciar denuncias y a perpetuar un clima de miedo entre quienes ven de cerca las carencias del sistema. Esta militarización del espacio público es un claro ejemplo de cómo la dictadura prefiere el control y la represión sobre la transparencia y el diálogo.
En Conclusión: Un futuro sombrío para la salud pública
El manejo autoritario del sistema de salud no solo afecta a los trabajadores y pacientes actuales, sino que pone en riesgo a toda la población a largo plazo. La falta de inversión, el recorte de personal y el desinterés por saldar deudas con el ISSS no son simples errores de gestión, sino decisiones deliberadas que priorizan el control político sobre el bienestar ciudadano.
El pueblo salvadoreño debe exigir transparencia, respeto a los derechos laborales y la garantía de un sistema de salud que funcione para todos. La salud no es un privilegio sino un derecho humano fundamental que ningún gobierno debería comprometer.
