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Por Leonel Herrera*
El presidente inconstitucional Nayib Bukele admitió en Costa Rica que su gobierno detuvo arbitrariamente a unas 8,000 personas inocentes durante su ofensiva contra las pandillas realizada bajo el “régimen de excepción”.
En su visita de hace un par de semanas al hermano país centroamericano, el autócrata salvadoreño reconoció lo que han venido denunciando varias organizaciones y movimientos sociales: miles de personas que no han cometido delitos o que no tienen ninguna relación con las maras han sido detenidas ilegalmente por policías y militares en los últimos dos años.
Instancias como el Socorro Jurídico Humanitario, CRISTOSAL y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), descalificadas por Bukele a pesar de haber reconocido ya que su denuncia es cierta, señalan que estas personas fueron detenidas sin orden de detención, por simples sospechas o porque sus captores necesitaban completar el número de detenciones requerido por sus “mandamases”.
Las denuncias también han sido planteadas por sendos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por varias instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch(HRW)
Fueron detenidos por su apariencia física, por ser pobres, por estar jóvenes, por vivir en zonas de incidencia pandilleril, por denuncias anónimas de malos vecinos o hasta por “ponerse nerviosos” ante la presencia policial y militar.
Los captores agarraban a quien quisieran, dado que sus jefes los habían instituido como “jueces de la calle”. “El policía es un juez de la calle que tiene criterios para poder detener, identificar e individualizar a cualquier persona”, afirmó el entonces director policial Mauricio Arriaza Chicas, en una conferencia de prensa en febrero de 2023.
https://x.com/PNCSV/status/1625592644662444032?lang=es
Estas personas, al ser capturadas, perdieron sus empleos, cerraron sus negocios o dejaron sus estudios y abandonaron sus esposas, madres, hijos, hermanos. En las cárceles sufrieron falta de agua, mala alimentación, ausencia de atención médica, hacinamiento, insalubridad y otras condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Así lo han denunciado personas que lograron salir de esos macabros centros penitenciarios, entre ellos Fidel Zavala, un joven realmente valiente que ahora sufre persecución estatal por atreverse a denunciar los abusos en los centros penales.
Muchas familias tuvieron que destinar sus pocos recursos económicos a la contratación de abogados y a la compra mensual de los “paquetes” sin siquiera tener certeza de que sus detenidos realmente los recibirían. Algunas vendieron su escaso patrimonio, se endeudaron y cayeron en más pobreza.
Cientos de ellos han sido asesinados a golpes por custodios y policías, muertos en hospitales luego de ser vapuleados al interior de cárceles o fallecieron en sus casas pocos días después de haber sido liberados. Muchos eran estudiantes, comerciantes, emprendedores, trabajadores de empresas privadas y hasta empleados del propio gobierno.
https://elfaro.net/es/202411/el_salvador/27624/todas-las-muertes-de-juan-saul
Según informes de CRISTOSAL, 250 personas han muerto en prisión durante la ofensiva antipandillas de Bukele; mientras el Socorro Jurídico Humanitario estima que podrían ser más de 500 personas, la mayoría en el Centro Penal de Izalco, el más mortífero de los reclusorios del país.
Muchas de estas personas, incluso, murieron en las cárceles a pesar de tener carta de libertad. Las autoridades penitenciarias, seguramente siguiendo órdenes superiores, se han negado sistemáticamente a acatar órdenes judiciales que otorgan libertad a personas inocentes.
Toda esta tragedia humana provocada por las miles de detenciones arbitrarias que Bukele reconoce públicamente de manera indolente, sin calificarlos siquiera como un error y sin pedir disculpas a las víctimas, hace que ésta sea su declaración más terrible en Costa Rica.
Ésta no es sólo una declaración que muestra claramente la insensibilidad y la falta del más mínimo sentido de humanidad del gobernante de facto del país, sino que es claramente una confesión criminal. Es el reconocimiento de un crimen que podría ser mayor, dado que -según las organizaciones sociales- los detenidos inocentes podrían ser unos 30,000, es decir, casi el 40% de los 80,000 capturados hasta este momento.
https://www.youtube.com/watch?v=04BsseWDYRI
Así que lo expresado por Bukele es, además de una declaración sádica y de desprecio por los derechos de la gente inocente, una declaración auto incriminatoria que podría servir de elemento de prueba en juicios que tarde o temprano tendrán que realizarse, aunque ahora éstos parezcan imposibles.
*Periodista y activista social.
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