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Por Leonel Herrera*
UNIDEHC y el Socorro Jurídico Humanitario están entre las organizaciones que más han denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas inocentes durante el régimen de excepción. Su denuncia pública nacional e internacional y sus acciones legales han provocado la ira del régimen autoritario de Nayib Bukele.
Esto explica la persecución contra UNIDECH: la detención de Fidel Zavala y la orden de captura contra el abogado Rudy Joya y la directora Ivania Cruz, quienes están fuera del país. Esta semana un juzgado al servicio del régimen decretó prisión preventiva contra Zavala y contra los miembros de la comunidad La Floresta. El sádico tribunal ni siquiera tuvo compasión de una mujer con varios meses de embarazo, a quien también mandó a la cárcel.
El encarcelamiento es injustificado y arbitrario. Zavala es quien más corre peligro en prisión por ser testigo de torturas y asesinatos perpetrados en las cárceles donde él estuvo recluido anteriormente durante trece meses, crímenes por los cuales demandó al director general de centros penales Osiris Luna y a otros funcionarios de Bukele.
Ahora podría venir una ofensiva similar contra el Socorro Jurídico Humanitario. La directora Ingrid Escobar denunció ayer presencia policial sospechosa en su vivienda, en una colonia de San Salvador; y alertó sobre la posibilidad de ser detenida sin motivo legal en cualquier momento, como represalia por su labor y el trabajo de su organización en la defensa y acompañamiento a personas inocentes abusadas por el régimen de excepción.
Al acoso policial contra Escobar se suma la persecución contra otros defensores de derechos humanos y sindicalistas que por temor a ser detenidos arbitrariamente optan por irse del país. A esto se agrega también la vigilancia y hostigamiento contra Santa Marta, que ha advertido sobre la posibilidad de más detenciones de otros líderes comunitarios.
Frente a la creciente persecución contra activistas sociales, defensores de derechos humanos y miembros del movimiento popular es urgente incrementar la denuncia pública y coordinar una estrategia de defensa conjunta. Para esto es necesario que las organizaciones superen cuanto antes cualquier resabio de sectarismo, protagonismo, hegemonismo y otros males que impiden la unidad y obstaculizan los esfuerzos de articulación.
Si las organizaciones no pactan una “defensa común”, uno por uno el régimen podría llevarse a todos sus liderazgos y hasta cerrar a cada organización. Para esto último, la acusación contra UNIDECH podría sentar el precedente para proceder legalmente contra cualquier organización social que no esté formalmente registrada en el Ministerio de Gobernación.
La Fiscalía General de la República define a UNIDECH como estructura ilegal por no tener una personería jurídica aprobada. Esto es grave porque -como advertí en una columna anterior- el efecto sería que “cualquier colectivo, comité, foro, mesa, red, movimiento u otro espacio de organización social que no esté formalmente registrado podría ser declarado como estructura ilegal o criminal, según los objetivos de persecución política del gobierno”.
https://www.diariocolatino.com/acusacion-contra-unidehc-atenta-derecho-organizacion-ciudadana/
Por tanto, es imprescindible que las organizaciones enfrenten unidas la persecución del gobierno. Un buen comienzo sería cerrar filas por UNIDECH y el Socorro Jurídico Humanitario y exigir la libertad de Fidel Zavala, los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, el comunicador comunitario Luis Menjívar, Félix López, Eugenio Chicas y demás presos políticos.
También es pertinente mantener la denuncia de la persecución contra los ambientalistas de Santa Marta y ADES, a quienes se les ha decretado nuevas órdenes de detención y les ha sido reprogramada la repetición del juicio para los días 9, 10 y 11 de abril próximos. La lucha por evitar la minería metálica pasa también por terminar con esta injusta criminalización y persecución del activismo ambiental que lleva más de dos años.
*Periodista y activista ambiental.
