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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
En el contexto de los tres años de gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, y de los dos meses de la implantación del régimen de excepción, Amnistía Internacional, junto a organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas, presentó los hallazgos iniciales sobre las violaciones a los derechos humanos en el país, los cuales son motivos para que el Estado finalice el régimen de excepción, y que permita la intervención de entidades internaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional solicita al Estado que finalice el régimen de excepción, y con ello que concluya “la magnitud” de las violaciones a los derechos humanos. “Es urgente que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU, en particular a los centros de detención y audiencias judiciales, para que puedan verificar las condiciones generales de observancia de los derechos humanos”, señala.
Según la organización internacional, el presidente Bukele “sumerge al país en una crisis de derechos humanos luego de tres años de gobierno”. De hecho, Erika Guevara Rosas, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional informó que hace tres años se reunieron con el presidente Nayib Bukele, quien se comprometió a respetar los derechos humanos. “Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra”.
A esto se le suma el régimen de excepción donde las autoridades “han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado”.
Guevara Rosas citó al presidente Bukele en su discurso a la nación brindado la noche de este 1 junio, donde afirmó que están “muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas”; sin embargo, “lo que vive las comunidades marginadas históricamente en este país es una realidad que dista de ese triunfalismo”, dijo Erika Guevara Rosas.
Esas comunidades “hoy se encuentran atrapadas entre la violencia de las estructuras criminales y las violaciones de derechos humanos ocasionadas por políticas fallidas repetitivas, que nada tienen de innovadoras, pero que se han perfeccionado para generar la tormenta perfecta”, enfatizó Erika Guevara Rosas.
“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia”, recalcó amnistía internacional.
Durante las últimas semanas, un equipo de respuesta a crisis de Amnistía Internacional ha documentado 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, y líderes comunitarios. A esto se le suma los centenares de denuncias que organizaciones nacionales han documentado tales como Cristosal, que ha registrado violaciones a derechos humanos de casi 600 personas.
En ese sentido, Amnistía Internacional ha desplegado un equipo de respuesta de crisis en El Salvador, el cual ha realizado una investigación durante las últimas semanas. “Este tipo de equipo solo los desplegamos cuando la organización considera que se pueden estar llevando violaciones generalizadas o sistemáticas que pudieran configurar en responsabilidad criminal internacional”, detalló Rosas.
En dicha investigación se encontró que miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales, tales como la existencia de una orden de aprehensión administrativa girada por la Fiscalía General de la República, por sede judicial o en una situación de flagrancia, sino, únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar perteneciente a una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, “que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico”.
De hecho, el GOES ha registrado más de 36 mil capturas de supuestos pandilleros, lo cual casi duplica la población dentro de las cárceles. En ese contexto, Erika Rosas informó que El Salvador pasó de ser el país con la segunda taza de personas presas per cápita más alta del mundo, a tener la primera, sobrepasando a los Estados Unidos casi al doble en términos de personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes.
“De una taza de 609 personas presas por cada 100 mil habitantes, hoy se tiene una taza de 1,164 personas por cada 100 mil habitantes, superando la taza de 639 de los Estados Unidos, lo que significa que el 1.7% de la población mayor de 18 años está tras las rejas”, detalló Erika Guevara Rosas.
Rosas Guevara sostuvo que “es alarmante” observar cómo los tres poderes del Estado, -incluyendo las instituciones de justicia-, “están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional”.
