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El martes de la semana pasada, los integrantes de la jerarquía de la iglesia católica de El Salvador, encabezada por el arzobispo Luis Escobar Alas, entregaron a la Asamblea Legislativa la documentación con las 150 mil firmas de salvadoreños que se oponen a la minería metálica. Lamentablemente, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Nayib Bukele, se negó a introducir el tema en la plenaria del miércoles pasado.
La petición de las firmas y su solicitud: la derogación de la Ley General de Minería. El hecho de que esta petición fuera analizada en una comisión de la Asamblea Legislativa fue pedido por las diputadas Claudia Ortiz, de VAMOS, y Marcela Villatoro, de ARENA. Lo cierto es que los diputados de Nuevas Ideas, que tanto se vanagloria de que en el parlamento aprueban todas las leyes porque escuchan al pueblo, no era necesario que ningún diputado de la oposición (tres en total) hubiera hecho la petición, pues, el anuncio de la entrega de los listados conteniendo las 150 mil firmas contra la minería ya había sido anunciado por el señor arzobispo Escobar Alas, por lo tanto, era un hecho conocido.
Los diputados se negaron a estudiar la petición de los 150 mil salvadoreños que firmaron en contra de la ley de minería, que es un alto número, y que, por la característica y la importancia del tema, la Asamblea Legislativa, y Bukele debieron tomarlo como un referente.
Los diputados del oficialismo no debieron esperar que Bukele les ordene o no estudiar las firmas, si toman el ejemplo del presidente quien, a principios de este mes de marzo, en la madrugada de un domingo, dijo que había dormido solo dos horas por estar leyendo “tuits” o post en su cuenta de “X”, relacionados con el cierre y no cierre de la Chivo Pet (hospital nacional para atender animales domésticos).
Pues los diputados hubieran hecho lo mismo, tomar esos listados y analizar el fondo, es decir, el rechazo del pueblo a la minería.
Claro, los diputados no tienen ni la inteligencia ni la libertad para tomar una decisión de este tipo, por lo que esperan la orden de Bukele para hacerlo, o le mandan el listado a Bukele para que él decida, como seguramente ocurrirá. Y si es esto último, Bukele no solo no dormirá solo dos horas de una noche de sábado y madrugada de un domingo, sino una semana para revisar las firmas del pueblo que le dicen no a la minería.
El tema de la minería en El Salvador, que estuvo prohibido por ley desde 2017, producto de una lucha social, en la que estaban la iglesia católica y protestante, así como la academia, sigue siendo rechazada en El Salvador. Así lo demuestran las encuestas, así lo demuestra la historia de lucha en el país, que está escrita con sangre de al menos cuatro ambientalistas asesinados antes de que se aprobara la ley contra la minería.
Bukele, si de verdad escucha al pueblo, lo cual dudamos, pero, si nos equivocamos, y en efecto escucha al pueblo, esas 150 mil firmas que ha logrado la Iglesia Católica Salvadoreña, debería ser la excusa perfecta del mandatario para dar marcha atrás a una ley que no fue consultada ni estudiada el día que se votó, se sancionó y publicó en el Diario Oficial.
Creemos que Bukele debe comenzar a escuchar al pueblo, y que revierta su ley de minería metálica porque, de acuerdo a estudios anteriores, los daños que la minería causa son irreversibles, allí está como testigo el río San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión.
Además, ni el presidente Bukele ni la Asamblea Legislativa han presentado a los salvadoreños los nuevos estudios que indiquen que la minería no ocasionará los daños que el pueblo y las organizaciones ambientalistas han enumerado que causará. Y no los presentó y no los presentará porque no los tiene ni los tendrá, porque el tema de la minería es producto de una ocurrencia presidencial en esas noches de trastorno nocturno donde las emociones y las ocurrencias son sus únicas asesoras.
