Redacción Nacionales
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Human Rights Watch en su balance de 2022 sobre El Salvador concluyó que el presidente de la República, Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa han desmantelado reiteradamente el sistema de contrapesos democráticos; una de ellas fue el anuncio en septiembre, donde Bukele hizo público que buscará la reelección en 2024, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata.
Sobre la independencia judicial, los diputados de Bukele destituyeron a magistrados del tribunal constitucional y los reemplazó con magistrados afines; de igual manera al fiscal general; este fue el primer acto a la violación a la independencia y separación de poderes; luego se promovió un decreto para destituir a jueces y fiscales mayores de 60 años y ampliaron su facultad de transferir a jueces y fiscales a nuevos puestos. “Las leyes se han usado para destituir o transferir abusivamente a jueces o fiscales independientes”, señala HRW.
En marzo de 2022, los legisladores aprobaron un régimen de excepción suspendiendo ciertos derechos constitucionales en respuesta a una escalada de violencia de las pandillas. “Las autoridades cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y violaciones del debido proceso”, destacó la entidad humanitaria.
Más de 60 mil personas fueron detenidas en el marco del régimen de excepción entre finales de marzo y mediados de diciembre, según informaron las autoridades. “Muchas detenciones se realizaron sobre la base de la apariencia física o lugar de residencia de las personas. Varias organizaciones de derechos humanos salvadoreñas han documentado que se ha detenido a cientos de personas sin conexión con las operaciones abusivas de las pandillas”, resaltó Human Rights Watch.
Las organizaciones de DDHH como Cristosal han documentado “graves abusos perpetrados” por miembros de las fuerzas de seguridad durante el régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos durante la detención, así como violaciones del debido proceso.
Cristosal reportó más de 2,900 casos de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción. Los tribunales dispusieron la detención provisional de más de 54.000 personas detenidas durante el régimen de excepción, lo que contribuyó al aumento de la población carcelaria a una cantidad estimada de 97.000 detenidos, más de tres veces la capacidad oficial.
Más de 90 personas detenidas murieron en prisión, “en algunos casos, las autoridades no han realizado autopsias de las personas fallecidas, ni han respetado los estándares internacionales, y la práctica médica ampliamente aceptada para investigar estas muertes”.
En julio de 2022, la administración de Joe Biden incluyó a seis ciudadanos salvadoreños, entre ellos, al asesor jurídico de la presidencia, el secretario de prensa del presidente Bukele y al jefe de fracción del partido en la Asamblea, en la “lista Engel” de personas involucradas en “actos significativos de corrupción” o que “socavan los procesos democráticos”.