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(Colectivo Tetzahuitl)
Por qué hablamos con plena seguridad de un segundo mandato presidencial de Bukele?
Todo el proceso de búsqueda de la reelección ha sido previsto y calculado por el equipo de asesores venezolanos de Bukele sin descuidar el más mínimo detalle.
La reelección fue planeada y asegurada desde que Bukele tomó el control del Ministerio Público y del Órgano Judicial a partir del 1 de Mayo del 2021.
Bukele está convencido de que si no se reelige perderá su inmunidad y con ello, ya una vez fuera de la Presidencia de la República, podría enfrentar una serie de procesos judiciales en su contra por actos de corrupción, tanto de él y de sus funcionarios más cercanos, por violaciones graves a la Constitución y a los Derechos Humanos y por avalar decenas de ejecuciones sumarias por parte de agentes del Estado bajo su autoridad.
El mecanismo de reelección presidencial fue diseñado entonces como una pieza de relojería fina y se echó a andar desde la elección de la nueva legislatura.
Primero, con la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y el nombramiento de Magistrados genuflexos, Bukele pone a esta estratégica Sala y a toda la Corte Suprema de Justicia bajo su control.
A los pocos meses de su ilegal nombramiento, Bukele le ordena a la nueva Sala de lo Constitucional que emita una cuestionada resolución que despeja el camino para la reelección presidencial.
La Sala, en un panfleto de unas cuantas páginas, interpreta en forma absurda que cuando la Constitución señala que el Presidente que ha ejercido el cargo en el período inmediato anterior no puede ser candidato a la Presidencia de la República se refiere no al inmediato anterior a la elección sino al período anterior al ejercicio presidencial de ese momento.
En este caso, según la Sala de lo Constitucional, la prohibición recaería en Sánchez Cerén y no en Nayib Bukele.
En menos de una semana de pronunciada la resolución de la Sala, el Tribunal Supremo Electoral admite esta disposición sin ninguna discusión, bajo el argumento de que las resoluciones y sentencias de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento.
Son algo así como “palabra de Dios”
Segundo paso, la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprueba una reforma a la Ley Electoral que permite cambiar las reglas del juego en cualquier momento.
La Ley anterior prohibía cambiar las reglas del juego electoral por lo menos un año antes de la celebración de las elecciones.
Con la reforma lo puede hacer incluso el propio día de las elecciones.
Tercer paso, al amparo de esta reforma la Asamblea aprueba un nuevo mapa político administrativo que reduce el número de municipios de 262 a 44, con lo que elimina 218 de ellos y reduce también el número de Diputados de 84 a solo 60.
Con estas dos Leyes, aprobadas en forma express y sin mayor debate, Bukele logra concentrar más poder político y territorial y evita que la oposición tenga algún chance de recuperar las alcaldías que había perdido en el 2021 y que han sido mal gobernadas por Nuevas Ideas.
La reducción de Diputados impide además que aumente la presencia y representación de los partidos de oposición en la Asamblea, asegurando de esa forma el control de este Órgano del Estado para su segundo mandato presidencial.
De hecho, es muy probable que después de las elecciones desaparezcan partidos como Vamos y Nuestro Tiempo que en estos momentos cuentan con solo un Diputado cada uno.
Algunas simulaciones que ya se comenzaron a hacer con esta nueva distribución territorial y con la reducción de Diputados, establecen que el partido oficial Nuevas Ideas fácilmente podría ganar 40 de los 44 municipios en disputa, absorbiendo de esta forma los distritos que están en su jurisdicción, y por lo menos 45 Diputados de 66 que están en juego, es decir, mayoría calificada para decidir.
Con esta distribución del poder que resultaría de las próximas elecciones, Bukele estaría asegurando de nuevo el control de las decisiones legislativas y el control territorial de la población.
Será un segundo mandato presidencial donde podrá continuar haciendo lo que le venga en gana, sin oposición real, en la medida que seguirá teniendo el control del Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa, del Ministerio Público y del Órgano Judicial.
Las proyecciones electorales que podemos hacer a partir de los datos con que contamos en estos momentos, a solo ocho meses de las elecciones del 2024, no nos permiten construir un escenario de derrota para Bukele. Todo lo contrario.
No solo por los altos niveles de aceptación con que cuenta su gestión presidencial, sino porque la oposición se encuentra en su peor momento de las últimas décadas.
Con casi el 90 por ciento de aprobación ciudadana, según las encuestas, es prácticamente imposible que no logre la mitad más uno de los votos válidos para ganar la elección.
Lo único que habría impedido un segundo mandato presidencial es que Bukele respetara la Constitución y no buscara su reelección, ya que al menos 6 artículos pétreos lo prohiben.
Esa posibilidad es impensable ya que existe una decisión firme de Bukele de aspirar a un segundo mandato presidencial para no ir a la cárcel.
Bukele ganará las elecciones, por la buenas o por las malas.
Para eso tiene el control de la totalidad del Estado, para imponerse por la fuerza en clara violación a la Constitución y a las leyes de la república.
Las ofertas electorales de Bukele, más de lo mismo
Bukele ya comenzó a relanzar las ofertas que le permitieron ganar con facilidad las elecciones presidenciales del 2019.
En estos días ha dado a conocer algunas de ellas: El aumento de la inversión pública, la construcción del tren del Pacífico y del aeropuerto de Oriente que ya había prometido para su primer mandato, el mejoramiento de la red pública de Hospitales, la reconstrucción y remodelación de miles de escuelas, la atracción de más inversión extranjera, la recuperación de la economía, la eliminación del despilfarro, el combate de la corrupción, la lucha contra la delincuencia, entre otras.
Todas estas son ofertas que fueron incluidas en el Plan Cuscatlán pero que a la fecha no se han concretado en estos 4 años que lleva gobernando.
Y no por falta de recursos, puesto que ha dispuesto de más de 30 mil millones de dólares, incluyendo deuda y donaciones, sino porque no estaban entre sus prioridades de gobierno y solo fueron ofertas usadas en forma demagógica para ganar adeptos.
Es decir fueron ofertas que nunca ha tenido ni tiene la voluntad de cumplir.
Fueron formuladas para atraer al electorado y restarle apoyo al FMLN y a ARENA.
Las propuestas que hizo al inicio del gobierno en el área social fueron formuladas únicamente para robarle banderas de lucha al FMLN y atraer a su voto duro.
Por ejemplo, la modernización de la red hospitalaria nunca ha sido una prioridad de su gobierno.
Han pasado 4 años desde que se aprobaron los 170 millones de dólares del préstamo para el nuevo edificio del Hospital Rosales y nadie ha explicado, ni siquiera el mismo Presidente, dónde está el dinero.
Lo más probable es que lo hayan destinado al gasto de propaganda y Defensa o que se lo hayan robado descaradamente.
No sería la primera vez que esto ocurre.
En el gobierno de Saca desaparecieron por arte de magia más de 35 millones de dólares del préstamo RHESA del BCIE que estaban destinados a la construcción del nuevo Hospital de Maternidad, dañado por el terremoto de Octubre de 1986.
El gobierno de Funes tuvo que negociar un nuevo préstamo para construir el Hospital de la Mujer que vino a reemplazar al viejo Hospital de Maternidad.
El juicio contra el ex Ministro de Salud de Saca, Guillermo Maza, sigue abierto sin que a la fecha se haya impuesto alguna sentencia condenatoria.
Bukele sabe que su gobierno está blindado contra cualquier acto de corrupción de sus funcionarios por lo que muy probablemente deba tomar los recursos del Presupuesto Ordinario para cubrir este faltante.
Obras de infraestructura como el Tren del Pacífico o el Aeropuerto de Oriente no pasaron de ser ofrecimientos demagógicos destinados a mejorar la imagen de su gobierno.
Nunca se gestionaron los recursos para la construcción de ambas mega obras.
El gobierno ha dicho que ya comenzaron a dar los primeros pasos para el diseño de las obras y que algunas empresas y gobiernos extranjeros, sin detallar cuáles, han mostrado interés. Sin embargo, continúan como ofertas incumplidas.
Tampoco hubo combate al despilfarro y a la corrupción, tal como se prometió.
En poder de la Fiscalía se encuentran una docena de avisos de investigación contra varios de los funcionarios actuales y el Fiscal Rodolfo Delgado no solo no ha continuado con las investigaciones que inició el ex Fiscal Melara sino que tomó la decisión de archivar los expedientes siguiendo órdenes directas de Bukele.
La corrupción en el gobierno de Bukele no ha disminuido, lejos de ello ha aumentado significativamente.
Hay corrupción en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Agricultura, en Seguridad Pública, en el Ministerio de Medio Ambiente, en Gobernación, en las altas esferas de CEPA y la CEL, en la recién creada Dirección de Obras Municipales (DOM) y hasta en CAPRES, concretamente en la Jefatura de Gabinete.
No existe, entonces, ninguna garantía de que su anunciada “guerra contra la corrupción” que ha sido la primera oferta electoral con la que arrancó su campaña vaya a ejecutarse.
Como ha sido costumbre en este primer mandato presidencial, la lucha contra la corrupción será utilizada únicamente como instrumento de persecución penal contra sus opositores y adversarios en el sector empresarial.
A la vista está el caso de la confiscación de los bienes de las empresas del ex Presidente Alfredo Cristiani, acusado de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero.
La rivalidad del clan Bukele y el grupo empresarial de Cristiani en el sector farmacéutico y de producción y venta de medicamentos al sector público es la motivación real de esta persecución.
Con esto no queremos decir que se trata de acusaciones sin fundamento.
Lo que queremos advertir es que se trata de una persecución penal que tiene a la base la rivalidad empresarial que existe entre ambos grupos económicos.
Lo mismo podría ocurrir con el Grupo Simán, especialmente con Javier Simán, que dirige un grupo textil que es competencia de Camisería Norma, propiedad de los Bukele.
Es revelador que Bukele nunca ha atacado en público y tampoco ha incluido en su “guerra contra la corrupción” a otros grupos empresariales que se beneficiaron de los procesos de privatización que impulsaron los gobiernos de ARENA, en los que existen serias irregularidades que podrían ser constitutivas de delito.
La continuación y profundización de la guerra contra las pandillas forma parte de este relanzamiento de ofertas del primer mandato.
Los homicidios se mantendrán en niveles bajos mientras se mantengan las negociaciones con las pandillas, ya que en eso se asienta la popularidad y aceptación ciudadana de su gestión.
El ofrecimiento de hacer de El Salvador el país más seguro de América Latina y uno de los más seguros del mundo seguirá dependiendo de que las negociaciones con las pandillas no vuelvan a enfrentar una crisis de confianza como ocurrió a finales de Marzo del 2022.
Todo esto nos lleva a creer que el segundo mandato de Bukele no será muy diferente del primero.
Será “más de lo mismo”.
¿Es Bukele un candidato del pueblo?
Bukele es el mejor candidato que tiene la oligarquía para seguir controlando el país.
Cuando en la Asamblea dijo que bajo su gobierno los Oligarcas habían dejado de ser los “dueños de la finca”, omitió decir que no solo la oligarquía sigue siendo la dueña del país sino que ahora hay otros grupos empresariales, como el clan familiar Bukele, que aspira a formar parte de ese selecto grupo de propietarios.
Bukele fue y seguirá siendo el candidato de los grupos oligarcas del país y el más confiable del establishment estadounidense para acabar con la izquierda salvadoreña.
Ninguna de las propuestas de gobierno que Bukele formuló en su primer mandato y que iban orientadas a reducir el poder y los privilegios de los grupos oligárquicos del país, las puso en práctica.
No eliminó sus privilegios.
Al contrario fortaleció los que ya tenían y agregó otros.
Nunca envió a la Asamblea Legislativa para su aprobación el proyecto de reforma tributaria progresiva que haga pagar más a los que más tienen.
Tampoco estableció un impuesto al patrimonio y a los grandes capitales, como el poderoso grupo Kriete con activos que sobrepasan los 6 mil millones de dólares.
No aumentó el impuesto a las ganancias y tampoco estableció un impuesto a la repatriación de utilidades de las empresas extranjeras.
Estos impuestos habrían hecho llegar más recursos al fisco y el gobierno podría haber reducido la carga tributaria de los más pobres.
Favoreció a los propietarios de ingenios azucareros, a los dueños de empresas que fabrican bebidas y agua embotellada y a los constructores y urbanistas con la Ley del Agua en detrimento de las comunidades pobres del país.
El Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado varios proyectos urbanísticos que impactan negativamente en el medio ambiente y que los gobiernos del FMLN habían bloqueado.
Entre estos proyectos se encuentra la construcción de la ciudadela “Valle El Angel” en el municipio de Apopa que impulsa la empresa Urbánica, propiedad del Grupo Dueñas, uno de los “dueños de la finca”
Hay otros proyectos urbanísticos que se desarrollan en el Municipio de Nuevo Cuscatlán y en el cerro que bordea el Lago de Coatepeque en zonas protegidas que están siendo impulsados por empresas urbanísticas propiedad de varios grupos empresariales, entre ellos uno de dirige la madre de la Primera Dama, Gabriela de Bukele.
Todos estos proyectos han sido autorizados en el gobierno de Bukele en clara violación a la Ley Ambiental que rige al Ministerio de Medio Ambiente y a las municipalidades gobernadas por Nuevas Ideas.
Un Presidente que vele por los intereses populares no habría autorizado estos proyectos que además de afectar al medio ambiente y a las comunidades pobres del país favorece los intereses económicos de los grandes empresarios, a los que Bukele calificó en su discurso ante la Asamblea como “los dueños de la finca”
Bukele no es el Presidente del pueblo ni lo será en el siguiente mandato.
Para ser un presidente del pueblo y un candidato presidencial que responda preferencialmente a los intereses populares habría impulsado y ejecutado todas las ofertas sociales que prometió y habría bloqueado los proyectos económicos que favorecen intereses corporativos empresariales de los grupos oligárcas.
Bukele es el Presidente de la Oligarquía salvadoreña y así lo continuará siendo en un segundo mandato
en un segundo mandato.
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