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Por David Alfaro
El reciente fallo judicial contra los ambientalistas de Santa Marta, líderes históricos en la lucha contra la minería metálica en Cabañas, destapa lo que muchos temían: un plan orquestado por el gobierno de Nayib Bukele para reactivar la minería metálica en El Salvador. Detrás de esta aparente cruzada judicial se esconde una estrategia política y económica que podría tener consecuencias devastadoras para el país.
El juicio interminable: una cortina de humo
Después de casi dos años encarcelados bajo acusaciones que jamás fueron probadas, los ambientalistas fueron finalmente sobreseídos el 18 de octubre por el Tribunal de Sensuntepeque. La decisión debería haber cerrado un capítulo de injusticia, pero la Fiscalía, en lo que parece más una maniobra política que un acto de justicia, apeló la resolución. La Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque respondió rápidamente, anulando el juicio y ordenando su repetición. ¿Por qué ahora, después de tanto silencio? La respuesta parece estar en las minas de Cabañas.
El objetivo: abrir la puerta a la minería
La coincidencia entre el discurso reciente de Bukele, que califica como “absurda” la prohibición de la minería metálica, y la persecución judicial contra quienes lideraron la resistencia contra las transnacionales mineras en el pasado, no es fortuita. Los ambientalistas de Santa Marta son un símbolo de la lucha popular que logró, en 2017, que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica. Destruir su reputación y mantenerlos bajo un proceso interminable es una advertencia clara: cualquiera que se oponga al “progreso” definido por el régimen, pagará las consecuencias.
Criminalizar la resistencia
El gobierno ha adoptado una táctica conocida en regímenes autoritarios: criminalizar a quienes defienden los derechos ambientales y sociales. En lugar de enfrentar el debate público sobre la minería con argumentos y transparencia, Bukele ha optado por el método más burdo: presentar a los ambientalistas como delincuentes. Es una estrategia efectiva para sembrar miedo y dividir a la población, pero también profundamente peligrosa. Desmantelar la resistencia social no solo amenaza los derechos humanos, sino que pone en riesgo la estabilidad ambiental de un país que ya enfrenta serias crisis de recursos.
¿Qué está en juego?
Cabañas no es solo una región rica en minerales; es también una de las zonas más vulnerables del país. La explotación minera, como ha demostrado la experiencia en otras naciones, trae consigo la destrucción de ecosistemas, la contaminación de ríos y el desplazamiento de comunidades. El Salvador no puede darse el lujo de repetir estos errores. La prohibición de la minería no fue una decisión arbitraria; fue el resultado de años de lucha y de estudios que demostraron que los costos ambientales y sociales superan, con creces, cualquier beneficio económico.
Reflexión final: ¿Desarrollo o devastación?
Bukele habla de desarrollo económico, pero el precio a pagar es demasiado alto. Reactivar la minería significa condenar a las futuras generaciones a un país aún más devastado ambientalmente. La criminalización de los ambientalistas de Santa Marta es un recordatorio de que, en este juego de poder, los recursos naturales y los derechos humanos son vistos como obstáculos. La verdadera pregunta es: ¿permitirá la sociedad salvadoreña que la codicia de unos pocos condene el futuro de todos?
La historia juzgará, pero la naturaleza no olvida.
