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El tema de la minería que el presidente Inconstitucional Nayib Bukele ha puesto en la agenda pública en El Salvador, nuevamente, pese a la oposición de grandes sectores de la sociedad, y que se patentiza con la existencia de una ley que prohíbe la explotación de la minería metálica en el país, no es más que otra ocurrencia del presidente, que no traerá beneficio para las grandes mayorías de salvadoreños, sino todo lo contrario, como ha ocurrido con el bitcoin.
Recordemos que el bitcoin fue aprobado en la Asamblea Legislativa en septiembre de 2021, en cuestión de minutos, como ocurre en el parlamento, pues, primero todo lo que llega a ese recinto es enviado de Casa Presidencial, y la orden es aprobarlo sin discusión alguna, es decir, solo puya botones.
Bukele quiso vender después que el bitcoin sacaría al país de la pobreza, lo cual no es cierto, y se puede argumentar por dos situaciones que ocurren en el país. La primera, que desde el 2019 la pobreza ha ido creciendo en El Salvador, tan así que el número de pobres hasta finales de 2023 sumaban un millón 800 mil. Un tercio de estos viven en extrema pobreza y tienen problemas de precariedad alimentaria.
Hoy resulta que, según Bukele, en el subsuelo salvadoreño hay 50 millones de onzas de oro, lo que, al extraerla se obtendrían tres billones de dólares.
Cuando hizo estos anuncios, Bukele no habló de daños, solo las supuestas bondades, pero, luego de que los ambientalistas y los académicos han refutado esa idea, hoy si Bukele acepta que habrá daños ambientales, pero los minimiza.
Pero el colmo es cuando dice que la realidad es que El Salvador tiene el 95% de sus aguas contaminadas, “Entonces la preocupación es, -bueno, si ya estamos contaminados al 95%, imagínense si le contaminamos más, vamos a quedar 97% o 98% contaminados, que debe ser peor que 95%-. Pero la realidad es que cuando uno tiene el 95% de los ríos contaminados, no debería estar enfocado en salvar el 5% restante, sino en recuperar el 95% que se perdió”.
O sea, para Bukele si los ríos y todas las aguas están contaminadas, qué más da seguirlas contaminando, al fin al cabo se obtendrá un beneficio: el oro.
Y, según Bukele, con el oro sustraído a costa de más contaminación: “si tenemos el 95% de las aguas contaminadas, lo único que podemos hacer es invertir miles de millones de dólares en limpiar las aguas contaminadas. Y para tener esos miles de millones de dólares necesitamos recursos que fácilmente se puedan sacar de la minería”.
Esto último podría tener cierta lógica, sin embargo, es una trampa, un engaño, porque no es cierto que todo lo que todo lo que saque extraiga del subsuelo quedará en las arcas del país, sino a las cuentas de las transnacionales mineras.
Bukele tampoco dice con exactitud cuáles serán los daños al medio ambiente, y en qué porcentaje se va a aumentar la vulnerabilidad en el país, el segundo más deforestado de Latinoamérica, solo debajo de Haití.
En un editorial de la UCA afirma que “Por cada kilogramo de oro extraído se emplean alrededor de 130 mil litros de agua, los cuales, al convertirse en aguas residuales, contaminan al menos 46.8 millones de litros de agua de los mantos acuíferos”.
“Por ejemplo, la mina El Dorado […], dice la UCA, habría consumido 10,4 litros por segundo, equivalente a 328 millones de metros cúbicos al año, es decir, seis veces más que toda el agua que se consume anualmente en el Área Metropolitana de San Salvador”.
“Para un país cuyos recursos hídricos ya están en malas condiciones […], la amenaza de la minería supone condenar no solo al río Lempa, sino a toda la población”, prosigue la UCA.
El periodista y activista social, Leonel Herrera, en un artículo de opinión publicado en Diario Co Latino, señala que la “Pacific Rim declaraba en su estudio de factibilidad que usaría 11.5 litros de agua por segundo y necesitaría 750 toneladas anuales de cianuro durante seis años de operaciones. Nomás en la fase de exploración del proyecto El Dorado esta empresa secó ríos, contaminó acuíferos subterráneos y dañó tierras agrícolas y ganaderas en San Isidro y Guacotecti, Cabañas”.
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Esto es lo que el presidente Nayib Bukele debería explicarle a la ciudadanía, sobre un verdadero estudio de impacto ambiental, y cómo van a superar los efectos que ya están contemplados en estudios hasta de las mismas mineras.
No hay lugar a dudas que la segunda ocurrencia de Bukele no solo es absurda, sino que amenaza la vida de los y las salvadoreños, mientras las grandes transnacionales y los que recibirán dádivas en El Salvador se harán más ricos.
Y si no quiere hacerlo, al menos lo someta a referéndum, como muy pronto lo propondrán otros salvadoreños.
