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@arpassv
Al cierre de la fase de instrucción del juicio contra el ex presidente Francisco Flores, illness las organizaciones contra la corrupción reiteraron sus críticas contra el Fiscal General, ampoule Luis Martínez, a quien reclaman por no presentar las pruebas, negarse a realizar diligencias ordenas por el Juez Miguel Ángel García Arguello y no incluir el delito de lavado de dinero en la querella penal.
Los representantes de las organizaciones dijeron hoy que las negligencias y omisiones fiscales favorecen al ex gobernante arenero procesado por el manejo irregular de millonarios donativos de Taiwán. Además, volvieron a denunciar las hostilidades del Fiscal contra los querellantes particulares de ISD y FESPAD.
Pero éste no es el único caso donde la actuación fiscal beneficia a delincuentes. La semana pasada organizaciones del departamento de Cabañas y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos cuestionaron fuertemente al Fiscal por premiar al “descuartizador” Rodrigo Chávez Palacios con una condena inferior a la que le correspondía.
Tras confesar que asesinó a una persona con espeluznante barbarie, Chávez Palacios logró un juicio abreviado y un cambio en la tipificación del delito que bajó su condena de 30 a 11 años de prisión. Además, el Fiscal omitió investigarlo como posible autor intelectual del asesinato de los ambientalistas que resistían a los proyectos mineros de Pacific Rim, empresa que el “descuartizador” dirigía como vicepresidente.
Los ejemplos de condescendencia fiscal con criminales sobran. Baste decir que hace un par de semanas, un estudio realizado por una universidad extranjera reveló que en el país sólo el 5% de los asesinatos son judicializados debido al deficiente desempeño de la Fiscalía y del Sistema Judicial.
Recientemente Fiscal General pidió la renuncia del Director de Centros Penales, Rodil Hernández. En el marco de un decomiso de teléfonos celulares y aparatos electrodomésticos en algunas cárceles, el Fiscal acusó a las autoridades penitenciarias de “consentir” a los delincuentes y planteó su destitución.
Pero quien debería renuncia es él. De hecho, en la Asamblea Legislativa hay dos peticiones de destitución del Fiscal Martínez, una por sus negligencias en el “Caso Flores” y otra por sus conflictos de interés en un juicio contra el empresario Enrique Rais, a quién favoreció luego que éste le permitiera utilizar su avión privado.
Si el Fiscal no renuncia, no tiene solvencia moral para pedir la remoción de otro funcionario. Es “burro hablando de orejas”.
