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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador notificó al periodista Víctor Barahona, que la Fiscalía General de la República (FGR) reportó haber encontrado nuevos indicios en su caso, y solicitó una audiencia especial que busca la revisión de medidas cautelares, la cual proceder a una nueva detención.
Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), denunció que este es un acto para silenciar a Barahona, quien hace dos semanas hizo público las vulneraciones de derechos humanos de las cuales fue víctima al interior de los penales de La Esperanza, conocido como Mariona, Izalco fase III y la bartolina de Apopa.
“Justo un par de semanas después que él comenzó a narrar los hechos de vulneración de derechos que estuvo viviendo al interior de la prisión, es que la Fiscalía General de la República solicitó ante el Tribunal que se le puedan revertir las medidas de estar en libertad, además, ese citatorio se giró con muy corto tiempo”, afirmó.
Cárcamo explicó que el periodista recibió la notificación la tarde del 26 de julio para llegar a la mañana siguiente, sin embargo, se presentó porque claramente él sabe y es conocedor de ser inocente, este es un momento muy propicio para poner a prueba la justicia en el país, sobre todo, a los jueces, a fin de determinar la independencia de poderes y respetar el debido proceso.
“Hasta este momento entidades como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) o el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, no han dado ninguna declaración sobre el caso, hay un silencio total de las entidades que deberían garantizar los Derechos Humanos de personas inocentes”, recalcó la presidenta de la APES.
Víctor Barahona es un periodista comunitario, de 55 años, con 20 años de experiencia en comunicaciones, fue acusado de agrupaciones ilícitas y arrestado el 7 de julio de 2022 bajo el Régimen de Excepción y liberado el 19 de mayo de 2023.
Oswaldo Feuisier, abogado defensor, enfatizó que el periodista no tenía ninguna restricción para narrar su detención o las condiciones de los centros penales, la única reserva es para hablar sobre el contenido de las diligencias que se encuentran en proceso.
Luego de la audiencia se determinó que el periodista seguirá en libertad tras la revisión de medidas, sin embargo, el abogado defensor manifestó que la jueza hizo hincapié en la reserva del caso y por ello, Barahona no brindó declaraciones.
La APES denunció las acciones cobardes e intimidatorias utilizadas desde las entidades del Estado, que buscan criminalizar cualquier voz crítica, en lugar de reparar los daños físicos y psicoemocionales que el periodista enfrentó mientras permaneció detenido arbitrariamente.
También pidió al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado respetar el debido proceso y las garantías constitucionales de Barahona.
