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@SilviaCoLatino
“Le pido al nuevo fiscal Douglas Meléndez, como defensores de derechos humanos y medio ambiente, saque de la impunidad los asesinatos de nuestros compañeros”, dijo Francisco Pineda, dirigente del Comité Ambiental de Cabañas (CAC).
“Debemos reconocer el esfuerzo que ha hecho tanto de la fiscalía, como la Iglesia Católica y el gobierno que mantuvo su postura de no negociar con la transnacional Pacific Rim/Oceana Gold, evitando un pago millonario, pero aún están pendientes las investigaciones de los ambientalistas asesinados”, expresó.
En el marco del gane del “laudo arbitral” entre el Estado salvadoreño y la transnacional minera OceanaGold/Pacific RIm, Francisco Pineda consideró como una oportunidad excelente, la investigación y juzgamiento de los autores intelectuales que planearon los asesinatos de los ambientalistas por su oposición a la explotación de metales preciosos en su territorio.
Pineda señaló las muertes de Ramiro Rivera, Dora Sorto (con su bebé en
gestación) y Juan Francisco Durán de la CAC; el secuestro, tortura y asesinato de Marcelo Rivera, síndico de la ASIC; así como, la ola de amenazas a muerte y seguimiento que sufrieron los periodistas de Radio Victoria, entre el 2008 al 2011.
“Esta es la lucha ahora, y creemos que las autoridades deben reconocer también, que nuestros compañeros asesinados tenían la razón al meterse en esto, en defensa de la vida, porque fue justa y se debe resarcir a sus familiares dejando fuera la impunidad que rodea a estos casos”, sostuvo.
Francisco Pineda, galardonado en el año 2011, con el Premio Goldman que entregan a aquellas personas que defienden el medio ambiente en sus territorios, reiteró que las amenazas continuarán presentes mientras no se aplique justicia y existan yacimientos de metales.
“Cuando a mí me amenazaron a muerte dijeron que iba a ser envenenado, acribillado o torturado, y en ningún momento fue un foráneo, era un empleado de la empresa Pacific Rim, así o más claro. Y mientras ese oro siga ahí, las empresas estarán empeñadas en ver como lo sacan”, dijo.
La propuesta del ambientalista para cerrar este tipo de amenazas, debe iniciar con una ley de minería que prohiba en su totalidad el accionar de estas empresas; pero antes debe expresarse una voluntad política desde los partidos políticos para comprometerse en una visión de sustentabilidad para el país.
“Esto tiene que ser una decisión con la participación de todos, y si queremos un buen El Salvador todos debemos de cambiar esa forma de actuar y pensar que muchas veces es sectorial y con una ley que prohíba la minería vamos a estar más seguros, que los recursos naturales del país están protegidos”, aseguró.
