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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Mediante un festival cultural, con música y poesía, el Consejo Ancestral de los Comunes de Los Territorios Indígenas (CACTI) condenó el mal proceder de la Cámara Ambiental de San Salvador, por archivar el expediente del caso de la octava represa en el río Sensunapan, y da por caducada las medidas cautelares, impuestas por esa misma instancia el 7 de junio de 2021.
El Tata Rafael Latin, ex alcalde del Común, explicó que entre las medidas se ordenaba al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no otorgar el permiso al proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco” debido a la afectación que la represa ocasionaría al medio ambiente en sus diversos componentes, incluyendo el patrimonio tangible e intangible de los pueblos indígenas, cuyos daños serían irreversibles.
“Denunciamos el actuar impune de las empresas extractivistas junto al accionar negligente y complaciente de las instituciones estatales, encargadas de la protección de los bienes naturales y culturales que han atentados contra nuestros derechos”, enfatizó.
El ex alcalde del Común dijo que esta vulneración a los derechos de los pueblos indígenas implica también que la Cámara aceptó el cumplimiento de las medidas, las cuales a pesar del nulo y pobre desempeño del MARN, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y alcaldía de Nahuizalco, se caracterizaron por su ineficiencia y apatía, situación que queda en evidencia en los miserables y pocos informes técnicos enviados instancia a esta instancia judicial.
Asimismo, señaló que el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate retrasó sin escrúpulos el proceso penal por la destrucción de sitio Tacuscalco, emitió una sentencia burlesca ante los daños irreparables sufridos por dicho patrimonio cultural.
Agregó que el MARN no cumplió con su tarea de salvaguardar la naturaleza al permitir que la empresa Sensunapán S.A de C.V pretende secar 4 kilómetros del río, afectando por lo menos 14 lugares sagrados y diversos ecosistemas.
“El Ministerio de Cultura desde junio de 2019 ha sufrido un deterioro institucional acelerado al desmantelar sistemáticamente los lugares sagrados logros alcanzados en materia de protección cultural y respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, aseguró.
Para el CACTI, quedan claras las acciones del Ministerio de Cultura al eliminar toda y cada una de las medidas de protección impuestas a los inmuebles de la Inmobiliaria Fénix, terrenos donde hay una porción considerable del centro ceremonial de Tacuscalco, lugar sagrado de los pueblos, que fue destruido de forma sistemática e impune por dicha empresa.
“Declararse no agraviado dentro del proceso penal en relación con los delitos de daños agravados y construcciones no autorizadas por la destrucción del lugar sagrado Tacuscalco, lo que benefició al representante legal de inversiones Inmobiliarias Fénix, así como el profesional responsable al reducir la sentencia para que esta fuera excarcelable, por ende reemplazada por trabajos públicos”, manifestaron los representantes del CATCI.
El otorgamiento de autorización a Fénix S.A de C.V respecto a la Acrópolis Sonsonate permitió la legalización del proyecto urbanístico, el cual hasta 2020 carecía de los permisos ambientales y culturales.
La autorización para construir una nueva etapa de la urbanización entre el río Ceniza y el actual límite de la Acrópolis Sonsonate, legaliza con ello la destrucción del patrimonio indígena ocurrida en 2018, al momento de terracear el inmueble sin contar con los permisos respectivos.
Las autoridades se han negado a declarar como bien cultural todos los lugares sagrados ubicados en Sensunapan y sus cercanías, identificados y registrados por las comunidades, facilitando y promoviendo con ello el peligroso accionar de la empresa Sensunapan en contra de los derechos como pueblos indígenas, dicha negativa responde a la falta de voluntad política.
También se han rehusado en establecer medidas de protección temporales para los lugares sagrados vinculados con el río Sensunapan mediante resolución interna, procedimiento a cargo de la Dirección de Patrimonial Cultural, cuya base son los informes que ya fueron elaboradas por técnicos de la extinta Dirección de Patrimonio Cultural y la actual Dirección de Antropología Central y la Dirección de Multiculturalidad.
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