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Gloria Silvia Orellana
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El Consejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI), hizo un llamado a las autoridades del Estado salvadoreño a reflexionar profundamente sobre las consecuencias sociales, económicas y medioambientales autorizar la minería metálica.
“En este momento histórico en el que se plantean propuestas para la explotación del oro en nuestro país, hacemos un llamado a reflexionar profundamente sobre las consecuencias sociales, económicas y medioambientales de esta práctica”, dijo el Consejo Ancestral. El tema de la explotación minera no solo compete a los intereses del desarrollo económico, sino a la “dignidad y derechos de nuestras comunidades y al futuro de nuestra tierra”, afirmó el CACTI.
En cuanto a los derechos “prexistentes de los territorios”, el CACTI señaló que los Pueblos Originarios han habitado esas tierras mucho antes de la conformación del “Estado salvadoreño” y, por tanto, los recursos naturales que incluyen al oro son bienes “primigenios de nuestras comunidades”.
“Estos recursos no deben ser tratados como bienes exclusivos del gobierno ni como herramientas de negociación con empresas extranjeras. La extracción de oro en nuestros territorios, sin un diálogo ni consulta previa, constituye una violación de nuestros derechos ancestrales reconocidos por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, indicó el CACTI.
En cuanto a las razones para rechazar la minería metálica en los territorios, enfatizaron que existen “experiencias históricas” en el continente americano y africano, que demostraron que la explotación minera beneficia principalmente a las empresas extranjeras y que estas compañías se llevan la mayor parte de la riqueza y dejan solo “migajas” al país que les permite su operatividad.
“En El Salvador, lo poco que queda no llega a las comunidades afectadas, sino que se redirige hacia otros proyectos que no benefician directamente a los territorios. Esto perpetúa el empobrecimiento y desplazamiento de nuestras comunidades, además de aumentar las desigualdades sociales, destrucción medioambiental y violaciones de derechos humanos”, argumentó el CACTI.
De la misma manera, advirtieron que la minería metálica nunca será una actividad sostenible, verde o responsable, porque hay testimonios suficientes de que tras la minería se dan hechos de desplazamientos forzados, asesinatos de líderes comunitarios y defensores de la tierra, así como la criminalización de la defensa ambiental.
“Los gobiernos, al servicio de intereses extranjeros, han tipificado como delitos las actividades de resistencia y defensa de los recursos naturales, y que los lleva a contradicciones del discurso político previo”, señaló.
“Es preocupante observar que, en su campaña presidencial, el actual presidente criticó fuertemente la minería metálica, calificándola como una amenaza para el medio ambiente y las comunidades. Sin embargo, hoy, su administración parece adoptar una postura distinta al permitir que se plantee nuevamente la posibilidad de explotar oro en el país”, aseveró el CACTI.
Señalando como “negativas” también, las declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa, quien instó a “no ideologizar el tema”, de la minería, lo que el CACTI considera es un intento por desactivar las “legítimas preocupaciones de la población” al minimizar los impactos evidentes que esta actividad ha tenido históricamente.
“Reconocemos que el gobierno, como un buen padre de familia, debe buscar recursos para el bienestar de su pueblo. Aplaudimos los avances en materia de seguridad pública, pues han permitido mejorar la calidad de vida de muchos salvadoreños”, expresó.
“Sin embargo, queremos dejar claro que estos logros no representan un cheque en blanco ni una tarjeta de crédito para que el gobierno tome decisiones que perpetúen prácticas de despojo heredadas de la época colonial. Que dichas prácticas, las riquezas del territorio se explotan en favor de extranjeros, mientras las comunidades locales siguen sumidas en la pobreza”, acotó el CACTI.
Y al considerar inaceptable que las políticas actuales repiten este patrón histórico de desigualdad, el CACTI, propuso una serie de sugerencias al gobierno del presidente Nayib Bukele, como respetar el derecho de las comunidades a decidir sobre lo que ocurre en sus territorios mediante una consulta previa, libre e informada como manda la OIT.
El CACTI sostiene que se debe garantizar en cada territorio directamente afectado por los proyectos una participación real, efectiva y transparente de todas las personas de cada comunidad. Y dichos resultados deben ser vinculantes, y respetar la voluntad de las comunidades, especialmente si deciden rechazar el proyecto. “Respeto por el No Desplazamiento y No Contaminación de cualquier actividad que se plantee y debe cumplir con principios estrictos de no desplazamiento forzado y cero contaminación ambiental. Las comunidades no deben ser víctimas de los efectos negativos de la minería bajo ningún pretexto”, indicó.
“Proponemos que, en caso de que el gobierno considere inevitable la extracción de oro, el 100% de la riqueza extraída debe quedarse en el territorio para beneficio exclusivo de sus habitantes. Y la gestión y destino de los recursos deben estar bajo el control directo de las comunidades, priorizando infraestructura, educación, salud, y desarrollo sostenible”, puntualizó el CACTI.
