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Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
“Queremos hacer énfasis -este día- de la magnitud del fenómeno de la desaparición y la deficiente respuesta estatal que se ha tenido para procesar, investigar y sancionar este grave flagelo”, afirmó Sonia Rubio Padilla, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Las declaraciones de Rubio Padilla se dan, luego de la participación colectiva de organizaciones salvadoreñas en una Audiencia Pública con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el tema de las personas desaparecidas en El Salvador.
La audiencia fue peticionada por alrededor de 15 organizaciones y colectivos, que expresaron su preocupación por el aumento de desapariciones forzosas o en manos de particulares, la que va en aumento su cifra en los últimos años, al que se suma la alta criminalidad y militarización de la seguridad pública.
Sobre la Audiencia Temática con la CIDH, agregó Rubio, se trata de un “mecanismo público”, en donde esta organización examina un tema que ha sido solicitado y que conlleva una gravedad en su incidencia y es evaluada también la respuesta estatal ante dicho fenómeno y si cumple con sus obligaciones es ratificado y comprometido en la Comunidad Internacional.
“El tema de desaparición forzada y desaparición por particulares en El Salvador es un tema histórico, porque tenemos miles de víctimas del Conflicto Armado, pero en la actualidad, ustedes lo conocen de primera mano, están desapareciendo 4 personas a diario en el país y hasta ahora, no hay respuesta oportuna por parte de la institucionalidad del país”, afirmó Rubio.
Sobre las cifras y estadísticas de desaparecidos, Jorge Rodríguez, del OUDH de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), señaló que la desaparición de personas es una vulneración a los derechos fundamentales, que por ahora, las víctimas y sus familiares no obtienen una respuesta integral y efectiva.
“Es preocupante la desarticulación entre las diferentes entidades del Estado, que tienen la competencia de investigar, judicializar y sancionar este tipo de vulneración. Y uno de rasgos más visibles es la ausencia de un registro único de personas desaparecidas, lo que impone serias limitantes y dificultades para establecer patrones que generen evidencia y conocer mejor el fenómeno”, afirmó Rodríguez.
En cuanto a las instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentan registros “significativamente distintos”, del número de personas desaparecidas.
“La PNC registró para el año 2020, un total 1,534 personas desaparecidas; en cambio la Fiscalía para el mismo año reportó 662 casos. Lo que refleja un subregistro aproximado del 43%”.
“Entre los años 2020 a 2021, la PNC reporta 989 casos y la Fiscalía solo 610 esto a pesar que el 30 julio de 2019 se anunció la conformación de la Mesa Bipartita entre la PNC y FGR , en donde el principal compromiso era la homologación de cifras de personas desaparecidas”, indicó Rodríguez.
Asimismo, lamentó la decisión estatal de reducir información pública, llegando a utilizar temas legales para impedir que medios independientes o la ciudadanía tenga acceso a información relacionada a la desaparición de personas como el caso emblemático de Chalchuapa, que señala al ex-agente policial Osorio Chávez.
“Tomando como base la información de la Policía Nacional Civil, de los años 2020 y 2021, el promedio mensual de desapariciones pasó de 128 (2020) a 165 desapariciones mensuales, en el primer semestre del presente año”.
“Entonces, el promedio pasó de 4.2 a 5.5 en los primeros seis meses de 2021, es decir, un aumento aproximado del 29%, pero la Fiscalía presenta datos diferentes y, en ese sentido, la FGR en la Audiencia con la CIDH informó que hasta el 13 de octubre de este año se reportaban 1,192 personas desaparecidas, lo que al comparar con cifras anteriores tenemos un aumento del 80%”, explicó Rodríguez.
Otros de los aspectos abordados por Rodríguez fue el estatus o categoría de los casos del total de víctimas, en el sentido de explicar: cuántos fueron encontradas con vida, en cuántos existió delito o no, cuántos fueron encontrados sin vida y cuántos continúan desaparecidos.
“Entre junio y diciembre 2019, el porcentaje de casos de personas desaparecidas estaba en el 30%; y según datos del primer semestre del 2021, ese porcentaje de la Policía Nacional Civil aumentó al 40%”.
“En cuanto a las víctimas, en los últimos análisis de los datos refleja que de cada 10 víctimas, 7 son hombres y 3 mujeres. Y en el caso de las mujeres (junio 2019 a junio 2021) del total de personas desaparecidas el 50% eran niñas y adolescentes. Y en el caso de los hombres el grupo etario más vulnerado el de 18 a 30 años, que representa un 49%”, informó Rodríguez.
La creación de un Banco de Perfiles Genéticos es una propuesta para dar viabilidad al proceso de búsqueda, manifestó Zayra Navas, de Cristosal, que sería una “respuesta concreta”para los familiares de las víctimas, pero aún no saben las gestiones que el Estado ha realizado sobre el tema para implementarlo.
“Esta administración, en los dos años que llevan de gestión en este tema, es la primera vez, que están presentes, y lamento que no hayan dado una respuesta en el tema de los perfiles genéticos y un banco de datos. Nosotros, creemos que es esencial porque va a facilitar a la víctima y quienes son sus familiares, cuando son localizados sus cuerpos”, sostuvo Navas.
Sobre la grave situación de las personas desaparecidas, la Comisionada presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, expresó, por videoconferencia, que era un tema recurrente de todos los años como país, que fue tratado en el último período de sesiones.
“Siempre me preocupa que el Estado (salvadoreño) parece concentrarse muchísimo más en reaccionar con acciones reactivas y no en las preventivas; y en efecto estas desapariciones es lo más doloroso que puede sufrir un familiar, por ser algo que se prolonga hasta que la persona es encontrada e identificada o cuando se encuentran sus restos y esto puede durar muchísimos años”, señaló Urrejola.
Asimismo, describió como algo grave que los parientes que han denunciado las desapariciones con el tiempo hayan fallecido, sin encontrar los restos de sus familiares.
“Quiero solicitarle al Estado, que por favor nos de información específica, y en detalle sobre su trabajo proactivo, para minimizar la ocurrencia de las desapariciones forzadas. A través, de los años nos han dicho muchas cosas, aun en la actualidad, hablan de acciones reactivas -lo agradecemos- pero por favor, necesitamos acciones proactivas”, advirtió Urrejeola.
Las organizaciones reconocieron la presencia del Estado a través de un representante estatal en la Audiencia ante la CIDH, porque anteriormente no acudían las delegaciones. Aunque, Johana Ramírez, del Servicio Social Pasionista (SSP), consideró que era importante dar respuestas integrales y oportunas a los familiares de las personas desaparecidas. “Con esta audiencia hemos documentado alguna de la información establecida por el Estado y algunos avances que consideran oportunos. Como la creación de un Protocolo de Acción Urgente, y las estrategias de búsqueda de personas desaparecidas es un avance significativo, y la creación de un tipo penal que de respuesta de acción penal, pero siempre desde un carácter punitivo”, agregó.
“La familias lo que requieren es respuestas más efectivas, cuando hablamos con familiares de las personas desaparecidas, se evidencia que no reciben respuestas integrales, sobre todo, porque existe mucha estigmatización con aquellas poblaciones que han estado en situación de vulnerabilidad o porque provienen de territorios en donde la presencia de pandillas aumenta mucho más los riesgos para las desapariciones”, reiteró Ramírez.
La elaboración de un registro único nacional de personas desaparecidas, encabeza las peticiones del colectivo de organizaciones de derechos humanos, quienes también solicitaron del Estado salvadoreño, fortalecer al Unidad Especializada de Personas Desaparecidas en la Fiscalía, así como dotarlas de presupuesto y recursos humanos para su operatividad. Y al órgano Judicial investigar, juzgar y sancionar las desapariciones forzadas con apego a los últimos estándares internacionales del derecho.
Una búsqueda efectiva de personas desaparecidas, en donde la Fiscalía, cuente con la coordinación de los tres órganos del Estado y la PDDH, adoptando estrategias o políticas encaminadas en la prevención. Y que la Asamblea Legislativa, someta a discusión una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas con estándares internacionales del derecho internacional.
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