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Bogotá / AFP
Cada dos días fue asesinado un defensor de derechos humanos o líder social en Colombia en 2018, lo que supone un alza del 36,5% en relación con el 2017, informó el jueves la Defensoría del Pueblo.
«En el 2018 ocurrieron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos», 46 más que el año anterior, indicó el organismo en un comunicado. Entre los fallecidos había 158 hombres y 14 mujeres, precisó.
Desde el 2016, el despacho ha contabilizado 431 asesinatos de activistas, en su mayoría indígenas, campesinos y negros, en un país que vive un conflicto armado de más de medio siglo.
El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, manifestó su «preocupación» ante la situación de riesgo en la que se encuentran los activistas y denunció que los crímenes «se han materializado ante los ojos de todas las autoridades».
Los principales causas de los asesinatos son la expansión de los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los grupos disidentes de la exguerrilla FARC que no se acogieron al pacto de paz de 2016, y la reorganización de los reductos de los paramilitares desmovilizados en 2006, según la Defensoría.
Las zonas con mayor número de homicidios fueron los departamentos del Cauca (suroeste), Antioquia (noroeste) y Norte de Santander (noreste), que tienen presencia de narcocultivos y economías irregulares como minería ilegal y contrabando.
La oficina del Defensor del Pueblo aseguró que entre el 1 y el 8 de enero pasados se han reportado siete muertes de activistas.
El gobierno del derechista Iván Duque ha reconocido el incremento de los asesinatos y se ha comprometido a implementar medidas para evitar esa situación, que el año pasado provocó masivas manifestaciones callejeras.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró «enormemente» preocupado en diciembre por los crímenes contra esta población.
En el último informe trimestral sobre la misión de verificación de Naciones Unidas sobre el acuerdo con las FARC en Colombia, el organismo aseguró haber confirmado 163 homicidios de 454 casos reportados desde la firma del pacto en noviembre de 2016.
«La mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en zonas abandonadas por las antiguas FARC y donde la presencia del Estado es limitada», reza el documento.
Aunque el desarme y transformación en partido de la exguerrilla comunista disminuyó la intensidad del conflicto armado colombiano, en el país aún operan los rebeldes del ELN, disidentes de las FARC, paramilitares y narcotraficantes.
Medio siglo de enfrentamientos han provocado más de ocho millones de víctimas entre desaparecidos, muertos y desplazados.
Además, tras cuatro décadas de lucha con el narcotráfico, Colombia se mantiene como el principal productor mundial de cocaína, una actividad que ha financiado por igual a los grupos armados ilegales.
