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Ing. Omar Salinas
Sin duda el cambio climático es un problema ambiental global, online el más importante y grave al que se enfrenta la humanidad en el contexto mundial. Si bien aún existe una corriente científica escéptica que por diversos intereses de corporaciones transnacionales y por presiones de algunos Estados poderosos, illness niegan las implicaciones negativas derivadas del cambio climático, lo cierto es que sus efectos se hacen sentir y con más intensidad en los países que menos responsabilidad histórica tienen en su generación. Los fenómenos meteorológicos asociados al cambio climático antropogénico se manifiestan en climas extremos, como sequías, tormentas, huracanes, aumento de temperatura y epidemias, que producen estragos económicos y sociales. El Salvador lo ha vivido con el Mitch, Stan, Ida, Agatha, la Depresión Tropical 12-E y los grandes periodos de sequías que en estos últimos años hemos tenido. Estas son expresiones claras del calentamiento global que impactan gravemente en la economía familiar, la agricultura y la seguridad alimentaria, y que pone en riesgo la supervivencia de las personas, principalmente en los países más pobres, los más vulnerables, no solo porque carecen de los diversos recursos para enfrentar los eventos, su institucionalidad es débil e ineficiente, sino porque el abordaje acostumbrado en la atención de los desastres se ha basado en estructuras y programas de corto plazo dirigidos a resolver temporalmente los daños y superar las crisis generadas, en especial la mediática. Con estas modalidades solo se suele resolver parcial o superficialmente los estragos dejando agendas pendientes para las cuales no se establecen mecanismos permanentes para su abordaje integral y tratamiento final, que nos permita responder oportunamente ante la ocurrencia de estos sucesos, no solo de manera reactiva sino también de forma preventiva, enfatizando que El Salvador es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, en donde el 88.7% del territorio se considera zona de alto riesgo, en la cual habita el 95.4% de toda la población. En este contexto, la capacidad de adaptación, la mitigación y la reducción del riesgo ante el cambio climático y sus efectos negativos no solo debe de estar íntimamente vinculado a un nuevo modelo de desarrollo sostenible, que requiere de fuertes inversiones públicas y privadas, sino también debe de subscribirse a una serie de políticas gubernamentales e interinstitucionales que soslayen los componentes antes referidos, que aunque pareciera imposible su implementación, por la falta de voluntad política y la polarización de las fuerzas mayoritarias, hay señales positivas que indican que se puede transitar en la dirección correcta; la institucionalización de un sistema informativo de alerta temprana, como instrumento de prevención de desastres, la coordinación de planes de contingencia, la articulación de esfuerzos y la gestión de acciones en conjunto entre el MARN, Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad – Protección Civil, con actores comunales y alcaldías, en la línea de la reducción de la vulnerabilidad. Asimimismo en ese enfoque, se sitúa la intervención oportuna que el gobierno de Mauricio Funes Cartagena desarrolló en la zona de la cuenca baja del río Lempa, a la cual destinó una importante cantidad de recursos logísticos y económicos, alrededor de US$ 31 millones, provenientes de las finanzas de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), para llevar a cabo diversas actividades de sensibilización, obras de mitigación de riesgos y tareas de reconstrucción Post Depresión Tropical 12-E, incluyendo la construcción de dos mega albergues en los municipios de Tecoluca y Jiquilisco, que si bien no ha resuelto de manera total la problemática multicausal que existe en ese sitio, sin duda ha sido la inversión más generosa que un gobierno ha llevado ahí en los últimos 30 años. Actualmente se ha anunciado que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en una acción conjunta con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), llevarían a cabo el rediseño y el rescate a plena capacidad del distrito de riego Lempa-Acahuapa, el segundo en importancia con el que cuenta el país y cuya funcionalidad ha sido descuidada y abandonada, pese a que El Salvador no solo ya lleva tres periodos consecutivos en los que la falta de agua ha sido el principal problema por el que se han perdido millones de quintales de granos básicos, sino también porque tampoco se ha utilizado US$ 7.3 millones destinados supuestamente para reactivar los sistemas de riego, como se acordó en virtud de la aprobación del Decreto Legislativo No. 1057, en relación al contrato de préstamo de US$ 60 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En el marco de garantizar la seguridad alimentaria, el rescate y la conservación de la cuenca del río Lempa, los sistemas de riego pueden funcionar como una reserva estratégica cuando en invierno no se produce lo suficiente, sin embargo, es imperante que en toda inversión que realice el Estado en obra y restauración de cualquier infraestructura, y que luego sean transferidas en comodato, debe establecerse compromisos y obligaciones adquiridas, de tal manera que el beneficiario mantenga el buen funcionamiento del sistema y restituya los bienes después de terminado el periodo de la concesión, caso contrario se repetiría la mala y vieja costumbre, que el Estado asume las pérdidas mientras otros se llevan las ganancias.
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