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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Los familiares del ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, afirmaron que su detención es una venganza política, además, de ilegal es un claro hostigamiento y vulnera sus derechos fundamentales.
“Nayib Bukele, te responsabilizo si algo le pasa a Eugenio. Esta captura es arbitraria, no combatís la corrupción, esto es una venganza. Eugenio es testigo de la defensa del caso Santa Marta, y desde hace 2 años nos seguían un juicio civil, no penal”, expresó Steffany Ayala, esposa de Chicas, el lider opositor capturado el jueves de la semana pasada.
Ayala destacó que a lo largo de todo este proceso de acoso y persecución el ex presidente del TSE ha sido valiente y continúo haciendo su vida en El Salvador, jamás pensó en irse a pesar de los fuertes ataques y falsas acusaciones del actual gobierno, siempre dio la cara, aún sabiendo que no era un juicio justo.
Chicas fue detenido el pasado 13 de febrero de 2025 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando recién había llevado a su hijo a clases, en un centro de estudios de la capital.
La familia de Chicas aseguró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cooptada por el gobierno, le siguió un proceso administrativo por supuesto enriquecimiento ilícito en donde maliciosamente afirmaron que algunas transacciones no se habían comprobado o justificado documentalmente, a pesar de que se presentaron todos los atestados para desvanecer las acusaciones, comprobando la procedencia lícita de todos sus ingresos.
“El proceso ha tenido una serie de irregularidades, por ejemplo $50 mil que Eugenio recibió por el proceso penal por calumnia de parte del acusado Nayib Bukele, no se tomaron como ingresos legales, a pesar de que su procedencia, es un hecho público y notorio”, indica parte del comunicado divulgado por la familia.
Según los familiares, las constancias determinaron que todos los ingresos lícitamente obtenidos y acreditados en el proceso, fueron superiores a sus gastos. En sede judicial el ex funcionario ha enfrentado un Órgano Judicial cooptado que no goza de independencia para ejercer su labor.
Explicaron que actualmente, el caso se encuentra en la Sala de lo Civil de la CSJ, para que revise la decisión de la Cámara, es decir, el caso en sede civil aún no ha concluido, se le está acusando del delito de enriquecimiento ilícito contra la Administración Pública, sin que haya finalizado el proceso y determinar cuál es el supuesto daño patrimonial.
