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Yaneth Estrada
@caricheop
El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, mantiene el veto al decreto 688 de la Ley Transitoria para Regularizar la Situación Tributaria de los Contribuyentes para Facilitar el Pago de Obligaciones Tributarias a Favor del Estado.
La semana pasada el decreto entró a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para realizar una discusión más seria de cara a superar el veto presidencial o aceptarlo. De acuerdo a los diputados de GANA, ARENA, PCN y PDC esta Ley “pretende otorgar facilidades para declarar y ampliar declaraciones de los tributos administrativos por la Dirección General de Impuestos Interno y la Dirección General de Aduanas, conceder facilidades para pagar tributos y multas aisladas de cualquier origen a favor del Estado. Así como brindar beneficios respecto de resoluciones impugnadas, lo cual tiene como propósito, obtener una recaudación tributaria acorde a las necesidades inmediatas del Estado, estimular y fortalecer la economía y generar un equilibrio en los ámbitos público privado”.
Según la diputada de ARENA, Milena Calderón de Escalón, con ese decreto el gobierno podría recaudar unos $200 millones, que abonaría al pago de algunas deudas como intereses del pago de pensiones o acreedores.“Permitirá a medianos y pequeños empresarios a ponerse al día”, justificó la parlamentaria de derecha.
Decreto inconstitucional
Sin embargo, el Mandatario asegura en un documento presentado el 21 de junio de este año, que el decreto es inconstitucional. “Porque contiene elementos que podrían reñir con la Constitución de la República en sus artículos 8, 12, 18 y 19. Al mismo tiempo, que trata de dispensar o perdonar en forma tácita o expresa, parte de la deudas existentes a cargo de los contribuyentes, al indicar que los mismos no devengarán multas, recargos, ni intereses causados de forma extemporánea originados de sus declaraciones”, dijo.
Además, esta clase de “facilidades” son objeto de debate actualmente en proceso de inconstitucionalidad (referencia123-2014), en el cual fue impugnado el artículo 1 de la Ley Transitoria para Facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras”. Decreto 793 aprobado el 4 de septiembre de 2014.
También, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) consideró correcta la decisión del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, de vetar la Ley transitoria para regularizar la situación tributaria de los contribuyentes y facilitar el pago de obligaciones tributarias a favor del Estado, y exhorta a la Asamblea Legislativa a desistir de la aprobación de esta u otras medidas de este tipo, por “ser injustas y dañinas a las ya vulnerables finanzas públicas salvadoreñas”.
Asimismo, este organismo de estudio rechazó el decreto legislativo aprobado el pasado 1 de junio, por contener cuatro” aspectos nocivos”: en el impuesto sobre la renta, la imposición de tasas menores a las de carácter general, que premiaban a quienes no hubieran presentado oportunamente sus declaraciones, “golpeaba la moral de los contribuyentes cumplidos y honestos”, y con ello violaba los principios de equidad y justicia tributaria; la posibilidad de pagar obligaciones tributarias con créditos fiscales de terceros, un mecanismo que ha estimulado prácticas ilícitas y difíciles de controlar, tales como el surgimiento de “mercados clandestinos” de comprobantes de crédito fiscal; impedir la fiscalización de quienes se acogieran a esta amnistía pagando impuestos atrasados, una “medida inaceptable” que fomenta la impunidad y obstruye el trabajo de la administración tributaria; y, conceder tratamientos privilegiados a los grandes contribuyentes.
