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Por Veronique Dupont
Los Angeles/AFP
California luchará para que los más de 200.000 beneficiarios del programa DACA, que protege a jóvenes sin papeles en Estados Unidos y que viven en el estado, no vuelvan a las sombras tras la decisión del presidente Donald Trump de eliminarlo.
El estado, fronterizo con México y considerado una potencia mundial por sí solo, tiene más inmigrantes que cualquier otra región del país, al punto que los hispanos superan a los blancos.
Cancelar el DACA tendría no solo consecuencias humanitarias, con la posible separación de familias, sino también económicas.
Un estudio realizado por la organización Center for the American Progress, publicado en enero, indicó que el costo de rescindir el DACA sería de 11.300 millones dólares anuales para el estado.
De allí que los responsables estatales reaccionaran inmediatamente.
«DACA ha sido tremendamente exitoso para la economía de California y de nuestra nación», dijo el martes el fiscal Xavier Becerra, el secretario de Justicia en el estado. «Vamos a usar todo nuestro poder para defender a los inmigrantes y a los que se benefician de DACA», añadió, en español, este hijo de inmigrantes mexicanos.
El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, coincidió: la decisión de Trump, anunciada el martes, «amenaza con destrozar familias y pone en riesgo a nuestra economía». «Tienen derecho a estar aquí y lucharemos para que se queden», añadió.
El estado no se unió a la demanda judicial presentada el miércoles por 15 estados y el Distrito de Columbia, la capital, contra la decisión.
Pero Becerra aseguró después en un correo electrónico a la AFP que «California demandará al gobierno de Trump por una simple razón: nuestro estado es la sexta mayor economía del mundo debido en parte al éxito de esos más de 200.000 ‘dreamers’ cuyas vidas se han puesto en riesgo».
«Futuro brillante»
Algunos de los jóvenes protegidos por DACA trabajan en los campos del valle central de California, aunque la mayoría está en la metrópoli angelina.
Un tercio de ellos son estudiantes universitarios y podrían tener que volver a la clandestinidad arriesgando abandonar cualquier aspiración académica.
Los beneficiarios de DACA «obtuvieron diplomas, pudieron abrir cuentas bancarias, recibieron préstamos hipotecarios, compraron autos. Ellos representan el futuro brillante de nuestro estado», señaló el presidente del Senado regional, Kevin de León, de origen guatemalteco.
Para Louis Desipio, profesor de ciencias políticas de la universidad UC Irvine, el estado «realizó una inversión considerable para educar a estos jóvenes con DACA» y «si no pueden trabajar en los niveles para los que están preparados, esa inversión» se perdió.
En protesta a la decisión de Trump, miles de personas marcharon en varias ciudades californianas como Los Ángeles, San Francisco y San Diego. Asimismo, las escuelas y universidades prometieron proteger la información de sus alumnos indocumentados, distribuyeron guías sobre sus derechos y ofrecieron ayuda legal.
Prestigiosas empresas con sede en California, incluidas Disney, Facebook y Apple, también condenaron la eliminación del DACA.
Poder limitado
Si bien las llamadas ciudades santuario rehúsan cooperar con la policía migratoria y el estado promete dar la batalla, su poder es limitado pues la materia compete exclusivamente al gobierno central, coincidieron expertos.
«No tiene la autoridad para permitir que los ‘dreamers’ permanezcan en el país (…). Ha habido discusiones de programas de trabajadores invitados a nivel de estados por años, pero necesitan aprobación del Congreso», explicó a la AFP Gabriel Chin, profesor de derecho en la universidad UC Davis.
El Senado californiano analiza sus opciones, mientras que una de las responsables del condado de Los Ángeles, Hilda Solis, propuso restringir viajes oficiales a nueve estados que apoyan la supresión del DACA.
Otro modo de presión: las urnas. De cara a las elecciones legislativas de 2018, los candidatos republicanos podrían encontrar dificultades con esta medida. Algo a tomar en cuenta por el partido de gobierno en Washington.
