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El juez admitió las pruebas en contra de Jaime Alfredo Miranda Flamenco, exministro de Relaciones Exteriores y su esposa. Foto: Diario Co Latino / FGR.

Cámara acepta pruebas en contra de excanciller Miranda Flamenco

En la audiencia preparatoria ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, la Fiscalía General de la República presentó las 9 presuntas irregularidades encontradas en su declaración patrimonial.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la totalidad de las presuntas pruebas presentadas por la Fiscalía General (FGR) en contra el exministro de Relaciones Exteriores, Jaime Alfredo Miranda Flamenco y su esposa, acusados de supuesto enriquecimiento ilícito.

El exfuncionario y su cónyuge, Alicia del Carmen Medina Aguiar de Miranda, son procesados por presuntamente enriquecerse ilegalmente con con $283,733.89, según el Ministerio Público Fiscal. Individualmente, a Miranda Flamenco se le imputa la cantidad de $219,894.63, mientras que a Carmen Medina $63,839.26.

Miranda Flamenco desempeñó diferentes cargos durante los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), entre ellos, ministro de Relaciones Exteriores del 2013 al 2014, viceministro de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre los periodos 2009-2013 y 2014-2018, viceministro de Integración y Promoción Económica, entre el 2018 y 2019.

En la audiencia preparatoria ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, la Fiscalía presentó las 9 presuntas irregularidades encontradas en su declaración patrimonial. Las supuestas irregularidades se habrían registrado en depósitos bancarios, pago de deuda y diferencias entre ingresos y deudas.

En julio del año pasado, con base a un informe de la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el ministerio público fiscal demandó civilmente al exfuncionario y pidió el reintegro de lo presuntamente defraudado al Estado; también pidió la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.

Estos casos son calificados por la oposición como una persecución política.

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