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Washington/Prensa Latina
La Cámara de Representantes estadounidense votó este jueves a favor de derogar la ley que permitió la agresión contra Iraq en 2002, un primer paso para frenar los poderes de guerra del presidente.
Un total de 49 republicanos se unieron a los demócratas para respaldar la eliminación de la medida, calificada de obsoleta por buena parte de los congresistas.
Incluso, la Casa Blanca dio esta semana el visto bueno a la rescisión de la norma, llamada Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF), porque ‘ya no tiene un impacto mínimo en las operaciones militares actuales’.
Es la primera vez que el poder ejecutivo avala explícitamente una decisión de ese tipo, resaltó un reporte de la cadena CNN.
Los partidarios de la revocación consideran este un paso inicial con el fin de poner más controles a la forma en que Estados Unidos utiliza su ejército en todo el mundo para luchar contra el terrorismo.
De acuerdo con CNN, esos esfuerzos llevan años en marcha, pero los legisladores consideran que el posible apoyo del presidente Joe Biden es clave para revocar finalmente la AUMF.
La derogación puede evitar que nuestro país entre en otro compromiso prolongado protegido bajo esa disposición obsoleta que lleva dos décadas en vigor, afirmó la representante demócrata Barbara Lee, patrocinadora de la eliminación de la medida.
El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Gregory Meeks, subrayó que el Congreso debe ejercer su obligación constitucional de intervenir en asuntos de guerra y paz.
El Senado tratará una cuestión similar en la Comisión de Relaciones Exteriores la próxima semana, pero aún no está claro si existe suficiente apoyo para limitar los poderes de guerra presidenciales, pues el líder de la minoría en la Cámara Alta, Mitch McConnell, expresó su oposición.
Aunque consigan eliminar la AUMF del 2002, todavía seguiría en vigor otra legislación aprobada en 2001 para autorizar la invasión en Afganistán y que, desde entonces, ha sido usada por todos los gobernantes estadounidenses para justificar sus operaciones militares en el mundo.
En el trasfondo del debate sobre las facultades del jefe de la Casa Blanca para iniciar una contienda bélica, está la Resolución de Poderes de Guerra, una ley federal de 1973 destinada a controlar al mandatario en conflictos armados sin el consentimiento del Congreso.
El estatuto requiere que el gobernante notifique al Capitolio en un plazo de 48 horas el uso de fuerzas armadas, prohíbe que dichas unidades permanezcan en esas acciones por más de 60 días, y prevé un periodo posterior de un mes para su retirada total.
