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La Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque resolvió, recientemente, que los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES continúen encarcelados, tras rechazar la apelación presentada por el defensor legal el pasado 14 de febrero, la cual solicitaba revertir la detención provisional y permitir que los defensores ambientales continuaran el proceso judicial en libertad.
La condenable decisión fue tomada por los magistrados.
«La condenable decisión fue tomada por los magistrados suplentes José María
Zepeda Grande y Fernando Pineda Pastor. El primero fue impuesto por la Sala de
lo Penal de la Corte Suprema de Justicia luego de apartar ilegalmente del caso al
magistrado propietario Martín Rogel Zepeda, y el segundo fue llamado como
tercero a resolver la discordia tras el empate de los dos magistrados que analizaron
inicialmente la apelación», señala en comunicado los representantes de la comunidad Santa Marta y ADES.
De acuerdo con la Comunidad, el magistrado propietario Santiago Alvarado Ponce emitió un voto razonado a favor de medidas sustitutivas a la detención, admitiendo las razones legales y humanitarias plateadas por la defensa de los líderes comunitarios.
Zepeda Grande y Pineda Pastor desestimaron los argumentos de la apelación e hicieron suyas las reprobables justificaciones del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque que negó las medidas sustitutivas, dice el comunicado.
Alvarado Ponce, sin embargo, consideró viable revertir la detención y valoró como desproporcionada e ilegal la prisión preventiva de los ambientalistas, citando abundante jurisprudencia de la propia Cámara, de la Sala de lo Constitucional y de varios Tratados Internacionales, según los cuales la prisión preventiva es la excepción y no la regla.
