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Redacción Nacionales
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La Cámara de Familia ordenó este jueves que se suspendan la aplicación a las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, cuya finalidad es cesar a todos los magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y de Paz, que tengan más de 60 años de edad o 30 años ejerciendo su cargo en el órgano judicial.
Las reformas son una clara violación a la protección de derechos fundamentales tales como, la igualdad y no discriminación, el trabajo, la estabilidad en el cargo y la dignidad de las personas adultas mayores deben ser garantizadas por el Estado, según la resolución de la Cámara de Familia.
“Por lo anterior , la Cámara de Familia ordena la suspensión de la aplicación del Decreto Legislativo 144 y ordena a la Asamblea Legislativa, al Presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia, abstenerse de realizar actos que contravengan los derechos humanos, tanto de los demandantes como de las personas adultas mayores, que ostentan el cargo de Jueces o Magistrados de toda la república”, cita el documento de la resolución.
La resolución se da luego de que la Cámara de Familia de la Sección de Oriente de San Miguel, admitió el 22 de septiembre la solicitud de las medidas cautelares que presentaron los jueces Rosvinda Portillo Matute y Godofredo Campos Rosa, en contra de la Asamblea Legislativa, el presidente de la república, y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, son de más de 200 funcionarios judiciales que estarían obligados a separarse de sus cargos.
La argumentación de la Cámara de Familia basó su decisión en el espíritu de la Constitución de la República; el Código de Familia, la Ley de Protección Integral para la Persona Adulta Mayor y la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Asimismo “solicita informe a los tres órganos de gobierno en el plazo de diez días hábiles sobre el cumplimiento de este fallo”, señala la resolución.
La Cámara señaló que en uso de sus competencias, ejerció “control de convencionalidad” y otorgó la primacía a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores sobre el Decreto Legislativo número 144 del 31/08/2021.
El mencionado decreto contiene las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, después de valorar que éstas contravienen lo establecido en el tratado internacional.
Y citando que en dicha convención el Estado salvadoreño se ha comprometido “a no adoptar medidas que afecten a los adultos mayores”.
Es de destacar que abogados, jueces y magistrados de la República han exigido la independencia judicial, separación de poderes y el restablecimiento del orden Constitucional que según ellos, se ha quebrantado desde que el oficialismo tomó el control en la Asamblea Legislativa y en el caso de la reforma judicial ponen de pretexto “hacer una depuración del Órgano Judicial”.
