Cámara de lo Penal de Cojutepeque anula sobreseimiento de ambientalistas

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Es una decisión política, más allá de lo jurídico”, afirmó Alfredo Leiva, directivo de ADES-Santa Marta, al ser consultado sobre la decisión de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, que revirtió el sobreseimiento definitivo otorgado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque dado el 18 de octubre pasado.

“Estamos procesando el resultado de esa decisión de la Cámara, pero, para nosotros, en conclusión, estamos frente a una decisión política, más allá del tema jurídico”.

Leiva recordó que como ADES Santa Marta han advertido desde el fallo de la absolución definitiva de Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y Pedro Antonio Rivas Laínez García, que el único resultado que esperaban era la ratificación en firme de esa sentencia del 18 de octubre.

El dirigente comunal dijo que esperaban que la Cámara Penal de Cojutepeque reafirmara el fallo del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, sin embargo, se apoyan en un tecnicismo, y optó por mantener a los compañeros procesados, expresó Leiva.

La Comunidad Santa Marta y ADES Santa Marta expresaron “su más enérgico rechazo” a la decisión de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque de revertir el fallo absolutorio, que emitió el 18 de octubre el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, que daba el sobreseimiento definitivo a sus líderes comunitarios.

“En un hecho insólito, la referida cámara admitió un recurso de apelación carente de verdaderos fundamentos legales, anuló una sentencia justa y ordenó repetir el juicio en otro tribunal, tal como le solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) empeñada en criminalizar a nuestros defensores ambientales”, dice la Comunidad Santa Marta y ADES.

“Habíamos dicho que la única resolución legal y justa era la ratificación del fallo absolutorio y la confirmación del sobreseimiento definitivo. Por tanto, denunciamos como totalmente ilegal e injusta la decisión de la Cámara Penal de Cojutepeque” indicaron.

Cámara de Cojutepeque señala omisión de pruebas

En la sentencia emitida por Cámara Penal de Cojutepeque señala, en uno de sus apartados, que el Tribunal de Sentencia “omitió valorar prueba desfilada e incorporada, a la vista pública, orientada a establecer la existencia del delito y la autoría de los acusados”.

Por tanto “ de ahí, que, no queda más alternativa que anular la resolución ahora impugnada con la finalidad de que un tribunal distinto realice un nuevo juicio y se conozca el fondo de lo solicitado en el dictamen de acusación”.

El tribunal, pese a haber “realizado la vista pública se decantó por declarar la terminación anormal del proceso”, al dar a los cinco ambientalistas el sobreseimiento definitivo, cuando “lo procedente era pronunciarse sobre el fondo de los discutido, pues en el debate no solo se abordó el tema de la prescripción, sino también la existencia de los hechos y la participación de los acusados”, alega en su sentencia la Cámara.

Santa Marta y ADES denuncian la persecución de ambientalistas

La resolución tomada el pasado 22 de noviembre por los magistrados Santiago Alvarado Ponce y José María Zepeda Grande, la comunidad Santa Marta y ADES la califican de “complaciente a los deseos de la Fiscalía”.

La decisión de la Cámara “resulta funcional a la Fiscalía”, que tiene como objetivo dar “persecución contra los activistas ambientales que denuncian la reactivación de la minería”, y para ello usan el “pretexto un supuesto crimen de la guerra” del cual no existen pruebas reales.

“Santa Marta y ADES denunciamos esta injusticia ante el país y el mundo. Al mismo tiempo llamamos a todas las organizaciones nacionales y a nuestros aliados internacionales a luchar con más fuerza por la libertad de nuestros compañeros, por el cese a la persecución del activismo ambiental y por mantener la prohibición de los nocivos proyectos mineros en El Salvador”, acotaron.

Movimiento social expresa rechazo de la Cámara 

Alejandro Díaz, de la unidad jurídica de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, se sumó al rechazó del fallo de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, la que calificó de “injusta” por no estar apegada a derecho.

“Este fallo no respeta la audiencia en donde fueron absueltos y, sobre todo, la resolución unánime de las juezas de este caso. Sólo  aceptar este recurso de apelación evidencia la intención de la Fiscalía y el sistema judicial de criminalizar personas defensoras de derechos humanos, líderes ambientales”, indicó.

“Esperamos una ratificación del fallo absolutorio, pero vemos parcialidad, y que realmente el trasfondo es la persecución, a quienes se oponen a la minería a estos líderes ambientales. Y la Fiscalía General de la República está haciendo un papel que genera más desconfianza a la población, porque tiene muchos casos archivados, sin criterios o con base a subjetividades políticas, lo que da paso a un ejercicio abusivo del poder”, argumentó Díaz.

De la misma forma, el Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador (COFAPPES) se unió al rechazo colectivo de las organizaciones por el intento de juzgar de nuevo a los ambientalistas de ADES Santa Marta, que expresaron es una manera de acallar las voces disidentes al discurso oficial.

“Nos unimos a la enérgica condena que revierte el sobreseimiento definitivo de los líderes ambientalistas de Santa Marta, lo que deja en evidencia la actitud genuflexa de la Cámara Penal de Cojutepeque, ante las presiones espurias de la Fiscalía General de la República”, puntualizan.